Marcha Contra Credencialización en Yucatán

Pliego Petitorio de los Estudiantes de Yucatán

Mérida Yucatán México a martes 22 de diciembre de 2009

C. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco
Gobernadora Constitucional del Estado de Yucatán
PRESENTE

CCP C. Henry Sosa Marrufo,
Director Estatal de Transporte de Yucatán

CCP C. Carlos Germán Pavón Flores
Subsecretario General de Gobierno

CCP C. Edgar Reyes Escalante Centeno
Director de Gobierno

CCP C. Raúl Humberto Hevia Mendoza
Director de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia


Por este medio y de manera pacífica y respetuosa los estudiantes de nivel medio superior y superior tanto de escuelas públicas como privadas, manifestamos nuestro desacuerdo ante las nuevas medidas de la Dirección Estatal de Transporte en lo relativo al proceso de credencialización estudiantil para el acceso a la tarifa social del transporte público en la Ciudad de Mérida, Yucatán, en virtud de las siguientes:

CONSIDERACIONES
1. - Las credenciales que nos otorgan nuestras escuelas son válidas, representativas y legítimas para nuestros intereses como estudiantes; incluido dentro de éstos, el uso que le damos para el descuento de tarifas en el Transporte Público de Mérida.
2.- Las instituciones educativas a las que pertenecemos son las únicas que pueden acceder a nuestra información socioeconómica como estudiantes; es decir, nuestras instituciones educativas están comprometidas a guardar confidencialidad sobre la información que le proporcionamos.
3. - Los requisitos que se nos solicitan para la nueva credencialización atentan contra nuestra autonomía como estudiantes y contra el derecho a la anonimidad que adquirimos al ser ciudadanos.
4.- Con este proceso de credencialización, se le está restando legitimidad a las instituciones que nos imparten educación, ya que son éstas las que nos avalan como estudiantes.
5.- Los datos que se nos piden para el estudio socioeconómico como requisito indispensable durante el proceso de credencialización provocan que éste carezca de objetividad, toda vez que se nos solicita revelar información de carácter confidencial sin algún argumento contundente que justifique la razón de tal requerimiento.
6.- El estudio referido en el punto anterior no refleja la totalidad de las necesidades sociales y económicas de las personas que la Dirección Estatal de Transporte ha categorizado como Grupos Vulnerables.
7.- Desconocemos bajo qué parámetros y para qué fines se intenta identificar a los Grupos Vulnerables dentro del estudio socioeconómico en el proceso de credencialización; generando al estudiantado incertidumbre sobre un posible uso ilegítimo, incierto y sesgado de la información proporcionada.
8.- Las fechas de tramitación propuestas por la Dirección Estatal de Transporte omiten la diversidad de contextos socioeconómicos tales como los estudiantes del Interior del Estado y de otras entidades de la República.
9.- No es admisible condicionar la entrega de la credencial de identificación estudiantil en base a criterios unilaterales, tales como el establecimiento de fechas específicas para su tramitación fuera de las actividades académicas señaladas en el calendario escolar vigente o a través de la categorización de cierta parte del estudiantado como “Grupo Vulnerable”.
10.- Consideramos que nuestra calidad de estudiantes no se remite solamente a días escolares y no concluye en temporadas vacacionales, al contrario de lo establecido en el decreto No. 222, Artículo Uno, Punto Dos, Inciso “a”, expedido por el Poder Ejecutivo del Estado y publicado en el Diario Oficial durante éste año.

Por lo anteriormente expuesto y en el ejercicio de sus atribuciones como titular del Poder Ejecutivo de Yucatán, a usted C. Gobernadora atentamente solicitamos:
PRIMERO: Se reconozca que no necesitamos más requisito que estar matriculados como estudiantes en cualquier institución educativa, para tener derecho a obtener una credencial que nos permita acceder al descuento tarifario en el Transporte Público de la Ciudad de Mérida.
SEGUNDO: Se elimine la condición del estudio socioeconómico para poder obtener las nuevas credenciales promovidas por la Dirección Estatal de Transporte, mediando el respectivo acuerdo que obre por escrito.
TERCERO: La expedición de un decreto en el cual se garantice la tarifa social para estudiantes, discapacitados y personas de la tercera edad, y se prevean medios de defensa con carácter coercitivo a quienes incumplan con esta disposición.
CUARTO: La derogación del inciso “a” del Punto Número Dos, del Artículo 1 del Decreto Número 222 expedido por el Poder Ejecutivo Estatal el cual invalida la aceptación de Nuestras Credenciales Estudiantiles en temporada vacacional y fines de semana.
QUINTO: Nos proporcionen el proyecto con sus respectivas especificaciones del cual forma parte el proceso de credencialización y el estudio socioeconómico para tener pleno conocimiento de dicho proyecto con el fin de analizarlo y así poder hacer las propuestas pertinentes para su mejora; así como también, una adecuada difusión para la sociedad en general sobre lo que éste proyecto contiene.
SEXTO: Se dé una respuesta oportuna y de manera escrita a todas las consideraciones planteadas en el cuerpo de la presente así como los acuerdos y sus respectivos argumentos respecto de nuestras peticiones dentro de los siguientes siete días naturales a partir de la entrega de ésta carta, la cual puede ser remitida al domicilio que aparece al calce de este documento.
SÉPTIMO: Nos señale día y hora para recibir a una comisión que trate de manera personal los puntos anteriores, girando instrucciones a quienes usted, C. Gobernadora, considere competentes para dar respuesta a ésta petición.

FUNDAMENTO
Con fundamento en el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice:
“Los funcionarios y empleados públicos respetaran el ejercicio del derecho de petición, siempre que esta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la república. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.”
No omitimos manifestarle nuestro interés por mantener un dialogo con El Poder Ejecutivo a su digno y esperamos su respuesta conforme a derecho. Reciba usted toda nuestra consideración respetuosa y distinguida.

“Hoy más que nunca, estudiantes todos/as”
COMITÉ GENERAL DE ESTUDIANTES

Artesanos de Chichén Itzá en resistencia

Juan Cristóbal León Campos

La guerra de conquista iniciada hace más de cinco siglos sobre los pueblos originarios de América, aun hoy continúa. La característica principal de los gobiernos es su desprecio a las culturas indígenas y al patrimonio cultural e histórico de nuestro país. Para los poderosos los indígenas solo sirven si están muertos, los que están vivos y trabajan son condenados a las peores condiciones de marginación y explotación.
En Yucatán, esta situación es clara, los campesinos mayas son despojados de sus tierras mediante engaños y fraudes, y reprimidos con violencia si deciden denunciar tales acciones del gobierno. Ese es el caso de los ejidatarios de Oxcum que en el 2006 y 2007 resistieron con dignidad tales atropellos. Un caso ejemplar del desprecio hacia la cultura indígena, es el que se desarrolla en la zona arqueológica de Chichén Itzá, donde permanecen en conflicto los artesanos mayas y los intereses privados de los gobernantes y burgueses empresarios.
Herederos de una histórica tradición los artesanos mayas trabajan todos los días en condiciones extremas al interior de Chichén Itzá. Su presencia se remonta al menos a la década de los 20. En la actualidad son aproximadamente 800 artesanos-comerciantes, de los cuales dependen por lo menos 6000 personas. Viven en los alrededores de Chichén Itzá en más de 20 pequeñas comunidades (entre ellas Pisté, Xcalacoop, San Felipe, Tohopkú, Yaxché), donde la situación económica es extrema por las condiciones de abandono en que se encuentran.
Desde años atrás los diferentes gobiernos junto al INAH, han pretendido expulsarlos de su propia tierra, en 1996 la policía los desalojó utilizando gases lacrimógenos, dañando en ese entonces a nuestros niños y algunas mujeres embarazadas. Permanecen en constante amenaza de un nuevo acto violento del gobierno, reciben a diario muestras de desprecio, y hostigamiento por parte de Hans Thies Barbachano quien se hace llamar “legitimo dueño de Chichén Itzá”. Han denunciado por todos los medios su situación, recibiendo por parte del gobierno nula respuesta, pues es evidente la inclinación que las autoridades tienen por Barbachano.
Como si el desprecio a su trabajo y su cultura fuera poco, desde 1997, se ha comenzado a convertir a Chichén Itzá en un centro comercial. Se efectúan grandes eventos “culturales” sin importar el daño que estos ocasionan a los vestigios de la zona arqueológica. Luciano Pavaroti, Placido Domingo, Sara Brightman son los principales artistas que han actuado en dichos eventos. Para los próximos años han programados la actuación de Elton John y Paul McCartney, además de una función de Box en febrero del próximo año. El descaro es evidente, no hay beneficio para los mayas en estos eventos, solo persecución y violencia contra ellos, pues cada vez que se programa una de estas actividades se les persigue para expulsarlos de la zona arqueología, por considerar las autoridades que dañan el aspecto y estorban a sus planes. Actualmente se pretende construir un complejo turístico en Chichén Itzá, que incluye entre otras cosas 12 hoteles cinco estrellas, playas artificiales, lagos artificiales, campos de Golf, bares y discotecas. Por supuesto los mayas están excluidos de todos estos proyectos.
Ante todos estos atropellos a sus derechos históricos y culturales que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se han organizado desde años atrás para resistir y poner freno a los embates gubernamentales de las autoridades que promueven la cultura maya sin los mayas.
Sus demandas son:

1. Que el INAH y/o las autoridades correspondientes expropien la propiedad privada (de aprox. 796 hectáreas a nombre de la familia Barbachano) enclavados en la zona federal de Chichén Itzá.
2. Que el 15% de los ingresos que capta mensualmente el INAH. y el patronato de Cultur de Yucatán en la zona de Chichén Itzá se destinen para los pueblos circunvecinos a la zona arqueológica. Con esta insistente petición hemos logrado que el Gobierno Federal y el de Yucatán firmen un convenio para que un 5 por ciento de ésos ingresos se destinen de manera retroactiva desde enero del año 2008 para el municipio de Tinum, donde se encuentra asentado Chichén Itzá. Hasta hoy no se conoce como se ha utilizado el dinero.
3. Que se creen leyes que exenten de pago los 365 días del año a todos los mayas de la península de Yucatán para entrar a la zona arqueológica de Chichén Itzá.
4. Los aprox. 800 artesanos-comerciantes pedimos que las autoridades del INAH y/o las que correspondan reconozcan formalmente nuestro espacio de trabajo acostumbrado.
5. Garantías legales y humanas a nuestro favor, es decir que se aplique el convenio 169 de la OIT y demás leyes que favorezcan a las comunidades indígenas, y no seamos desalojados, ni detenidos injustamente; debiendo la autoridad respetar y reconocer nuestro trabajo en el interior de la zona de Chichén Itzá.

La resistencia de los artesanos de Chichén Itzá debe ser acompañada por toda la sociedad, pues sus derechos legítimos como cultura indígena, oprimida y olvidada desde siempre por los malos gobiernos, deben ser defendidos, su autonomía y libre determinación debe ser aplicada.
Es necesario lograr el respeto y reconociendo pleno de los derechos indígenas, un reconocimiento real de la diversidad cultural de todos los pueblos y comunidades de nuestro país es la base para la conformación de un México justo. Se necesita dar fin a la guerra de conquista de los pueblos indígenas y conformar una alternativa a esta sociedad capitalista basada en la explotación y marginación de los sectores trabajadores, para dar paso a la construcción de un mejor país, con la participación de todos los que integran el México de abajo.

Tomado de Tribuna Yucatán, 19 de dciembre de 2009

Junta contra credencialización

Asamblea de Estudiantes del Tecnológico

A la Comunidad Estudiantil del Tecnológico

En meses pasados la Asamblea de Estudiantes Tecnológico participó de manera activa junto con la Red Nacional de Jóvenes, en la campaña, ¡NI UN PESO MÁS AL TRANSPORTE PUBLICO!, realizando volanteo, foros, marchas y demás actividades en defensa de la comunidad estudiantil de Yucatán y a sus familias, logrando conseguir que la tarifa de estudiante no se aumentara, pero no satisfechos ya que se le aumento a la tarifa general de $5 a $6 y con esto dañando la economía familiar, que en hoy en tiempo de crisis de por sí se ve afectada.

Hoy en los edificios del tecnológico se puede ver un anuncio, donde les piden a los estudiantes que para que se les realice el descuento en el transporte público y puedan pagar únicamente $3 y no $6 tienen que sacar otra credencial y esta se dará en instalaciones fuera del TEC.

Consideramos que esto es un plan con maña, ya que muchos estudiantes se les dificultara o simplemente se les hará imposible sacar esta credencial porque no pudieron asistir el día y la hora que se puso de plazo, ya sea por trabajo, actividades extraescolares, compromisos de diferente índole, etc. Y por si fuera poco la credencial con la que hoy contamos ya no será validad para este servicio y muchos estudiantes empezaran a pagar $6, cosa totalmente injusta.

Por tal motivo la Asamblea de Estudiantes Tecnológico se ve con el compromiso de plantear una postura ante esta situación, como desde hace tiempo ha hecho en diferentes temas en donde el estudiante y la sociedad son los principales afectados.

Les proponemos lo siguiente:


1.- Que las credenciales que ya tenemos del tecnológico de Mérida sean las que se respeten, ya que de esta manera ningún estudiante se verá excluido de obtener el descuento.

2.- En dado caso de que se dé la negativa de no aceptar las credenciales ya existentes, proponemos que los modules para estas nuevas credenciales se instalen en el Instituto Tecnológico para que de esta manera se le facilite el tramite a la gran mayoría de los estudiantes que necesitan de este descuento y que la credencialización no sea únicamente en estos últimos días de clases, sino que también se dé en los primeros días del siguiente semestre.

Esperamos contar con sus comentarios para saber si les parece que se plantee esta problemática y buscar las soluciones.

Asamblea de Estudiantes Tecnológico

Junta contra credencialización

Comunicado de apoyo a estudiantes de Yucatán

A los estudiantes de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán
A Henry Sosa Marrufo, director estatal de transporte (DTEY).
Al Gobierno del Estado de Yucatán.
Al pueblo hermano yucateco.

El sistema capitalista se encuentra inmerso en una crisis mundial y ésta afecta en mayor medida a países dependientes del imperio yankee como el nuestro. Naturalmente la clase política burguesa nacional muestra su incapacidad frente a esta crisis, surgida por las contradicciones mismas del sistema capitalista. La mediocridad y el temor a afectar intereses de caciques de la oligarquía nacional se pueden constatar con la sumisión cínica y servil del ejecutivo federal y su gabinete ante las “críticas” y regaños que los empresarios vociferan, humillando con sus comentarios a los encargados del gobierno en turno. La clase empresarial está preocupada, “la crisis los está afectando,” sus fortunas disminuyen y se ven en la obligación propia de su clase de despedir trabajadores y aumentar precios a los productos básicos con tal de seguir viviendo con los privilegios que dicen necesitar y merecer, hechos a costa del trabajo ajeno.

La incapacidad del gobierno en turno se evidencia con las propuestas que presentan como “alternativas únicas” para poder cubrir los “agujeros y partiduras” de las finanzas nacionales: el aumento de impuestos y la reducción de subsidios a servicios sociales como salud, educación, vivienda y alimentación. Mediáticamente dicen combatir la pobreza pero no hacen sino combatir a quienes la conforman: los millones pobres de nuestro país. Razón tiene Carlos Marx al señalar que “el gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los intereses comunes de la clase burguesa”.

La protesta social crece día con día, se criminaliza y se reprime utilizando para ello el brazo armado del Estado burgués: las fuerzas policíacas y militares. Nuestro país se militariza en proporción a la protesta. En este contexto es necesario para la clase burguesa explotadora tener vigilada a la clase explotada para que al menor brote de inconformidad pueda ubicarlo y callarlo. Datos aparentemente insignificantes son exigidos por los organismos de “seguridad nacional” con el fin de vigilar fácilmente a la sociedad y especial de quienes protestan; los mecanismos empleados facilitan la ubicación de éstos y por tanto su fácil represión y, en el peor de los casos, desaparición y/o asesinato. Es pues menester para la clase en el poder exigir a la población: cédulas de identificación personal, registro de números celulares, credencializaciones, etc. Estas acciones son parte del Plan Mérida, pactado y ordenado directamente desde el Pentágono.

La clase patronal transportista (no nos referimos a los choferes que son victimas también de la explotación a que son sujetos por los dueños del servicio de transporte de cada entidad) no es ajena a éste contexto de crisis económica y militarización. Es una vergüenza que quienes dicen velar por los intereses del pueblo en la práctica sean los que lo perjudiquen. La gobernadora-------, como hemos podido constatar gracias a la información que nos hacen favor de enviar desde ese rincón rebelde del sureste mexicano, utiliza a la Dirección Estatal de Transporte de Yucatán para beneficiar a sus allegados y socios. La credencialización a la que pretende someter a los estudiantes de la UADY es un acto cobarde, y lo es porque quienes la promueven no manifiestan claramente sus intereses, sino que valiéndose de sus medios de difusión muestran éste acto como si fuese “en beneficio de los estudiantes”. Los intereses de las mayorías no son sus intereses; los suyos son proclives a los de la clase empresarial y caciquil yucateca.

En este contexto aprovechamos la ocasión para comentarles que hace un par de meses pasamos por una situación similar: el Gobierno del Estado de Guerrero, por iniciativa del gobernador (y empresario perredista) Zeferino Torreblanca Galindo y en contubernio con los caciques transportistas autorizaron el aumento a la tarifa del transporte en nuestro estado, basándose según ellos, en un “estudio socioeconómico” del que jamás dieron a conocer los mecanismos empleados para realizarlo.

Como puede observarse, padecemos los mismos problemas. En su caso que es también nuestro y el nuestro que sabemos es suyo, dudamos que tales estudios se hayan realizado, y aseguramos que los estudios socioeconómicos a que hacen mención son solamente pretextos para justificar sus embestidas contra el pueblo. Tales estudios, en caso de haberse realizado, fueron hechos utilizando como referencia la propia posición social de quienes promueven iniciativas como aumento al transporte y la credencialización de estudiantes. Sus opiniones y “estudios socioeconómicos” están permeados por la ideología que les proporciona su posición de clase. Sus intereses y perspectivas son diametralmente opuestos a los nuestros.

Hermanos y hermanas, los problemas por los que están pasando los vemos con coraje pero también con orgullo al saber que hay estudiantes dignos y rebeldes como nosotros que defienden con dignidad los logros, como la autonomía, alcanzados por quienes en luchas pasadas ofrendaron sus vidas en pro de una sociedad más justa. Ellos cumplieron su deber, y nosotros cumplimos el nuestro. Aprendamos de nuestras experiencias. Ante los embates pensados y organizados por la clase burguesa es necesaria y urgente la unión de la clase explotada para hacer frente a estos embates. Tengan presente que en nuestra trinchera universitaria guerrerense siempre habrá gritos de aliento que acompañen cada una de las consignas emanadas desde lo más profundo de sus corazones revolucionarios en sus mítines y movilizaciones.

La muerte más lenta es la resignación.
¡¡¡Solidaridad total con nuestra hermana Universidad Autónoma de Yucatán!!!

¡¡¡Viva la autonomía universitaria!!!
¡¡¡Viva la lucha estudiantil revolucionaria!!!
¡¡¡No a la credencialización de estudiantes de la UADY!!!
¡¡¡Ni un paso atrás!!!
¡¡¡V e n c e r e m o s!!!

Colectivo Rebelión
Universidad Autónoma de Guerrero
11 de diciembre de 2009

Credencialización viola autonomía universitaria

Antropología levanta la voz

Juan Cristóbal León Campos

Con una larga tradición de lucha y crítica social los estudiantes de la Facultad de Ciencias Antropológicas se han caracterizado por acompañar a los sectores marginados en sus exigencias y reclamos a los gobiernos sordos ante las necesidades populares y serviles a los intereses privados de la burguesía.

Campesinos despojados de sus tierras, obreros explotados, indígenas discriminados, jóvenes criminalizados, entre otros, han sentido el compromiso social de los estudiantes. Desde años atrás destaca su participación en las protestas y movilizaciones que se realizan contra el desmedido aumento en el costo del pasaje del transporte público urbano y contra el mal servicio que los empresarios monopolistas prestan con beneplácito del gobierno.

El último aumento al pasaje del transporte público, ha desencadenado una serie de acciones de resistencia que van desde plantones y marchas, hasta la realización de foros universitarios donde se analizan los pormenores de este servicio público. Los estudiantes han resistido la represión violenta gubernamental, como la del 13 de marzo de 2007 o del 16 de septiembre del año en curso, además de la que actualmente se ejerce en la Facultad contra todo universitario que demuestre tener compromiso social.

En los últimos días, se organizaron y elaboraron un comunicado dirigido a las autoridades; a los universitarios y a la sociedad en general, en el cual, levantan la voz, expresan su descontento y rechazan las medidas promovidas por los empresarios transportistas y el Gobierno del Estado a través de la Dirección Estatal de Transporte (DTEY) para el proceso de credencialización de los estudiantes que necesitan el descuento en el transporte público, además de exigir se respeten sus credenciales en días festivos, fines de semana y vacaciones, pues no dejan de ser estudiantes ningún día del año.

En dicho documento señalan que: “1). Las credenciales que nos otorga la Universidad Autónoma de Yucatán son válidas, representativas y legítimas para nuestros intereses como Estudiantes Universitarios; incluido dentro de éstos, el uso que le damos para el descuento de tarifas en el Transporte Público de Mérida. 2). La UADY, al ser la institución que nos ampara como Estudiantes Universitarios, es también la única que puede acceder a nuestra información socioeconómica como estudiantes; de igual manera la Universidad Autónoma de Yucatán está comprometida a guardar confidencialidad sobre la información que le proporcionamos. 3.) Los requisitos que se nos solicitan para la nueva credencialización atentan contra nuestra autonomía como estudiantes y contra el derecho a la anonimidad que adquirimos al ser ciudadanos”.

En párrafos siguientes, critican la clara parcialidad que presenta y la manipulación con que se realiza el llamado “estudio” socioeconómico por parte del DTEY, pues carece de las herramientas analíticas necesarias para ser un estudio serio al dejar de lado la diversidad de contextos socioeconómicos en que viven los estudiantes de Mérida, del interior del Estado y los que vienen de otros Estados.

Los estudiantes dejan muy clara su postura y sus demandas, al decir que: “1). Consideramos que no necesitamos mayor argumentación que estar matriculados como Estudiantes de la Facultad de Ciencias Antropológicas y tener una credencial avalada por la Universidad Autónoma de Yucatán para acceder al descuento tarifario en el Transporte Público de la Ciudad de Mérida. 2). Manifestamos nuestra oposición a cualquier estudio socioeconómico dentro de los trámites necesarios para una futura credencialización. 3) Señalamos la obligación y responsabilidad del Estado de Yucatán a través de la Dirección Estatal de Transporte (DTEY) para que en dado caso de otorgar una futura credencialización, ésta sea “sin distinción alguna”, garantizando por escrito la adscripción de todo estudiante universitario, en este caso de la UADY, puesto que por el hecho de ser estudiantes, ya somos dependientes económicamente. 4) Solicitamos que se revoque el decreto en el cual se anula la aceptación de Nuestras Credenciales Estudiantiles en temporada vacacional y fines de semana; pues, consideramos, es una medida que no está acorde con la realidad social de nosotros como estudiantes, en este caso, de la Facultad de Ciencias Antropológicas. 5). Expresamos nuestro interés por dejar las puertas abiertas de la Facultad de Ciencias Antropológicas a la Dirección Estatal del Transporte (DTEY), así como nuestro tiempo de estudiantes para la realización de su estudio socioeconómico siempre y cuando sea de manera anónima y en días escolares hábiles. Medidas que, como estudiantes de Ciencias Sociales, consideramos estrategias éticas, concretas y objetivas dentro de ese tipo de estudios; mismas que, pensamos, evitarían cualquier uso desvirtuado de la información personal, permitiéndoles conocer cuál es la situación económica de los Estudiantes Universitarios en el Estado de Yucatán”.

Con este documento el primer paso se ha dado, los estudiantes con claridad expresan su opinión y su postura ante las medidas que se están implementando por parte de la DTEY, es claro que no tolerarán ninguna arbitrariedad en el proceso de credencialización y del servicio del transporte público. Han alzado su voz y se están organizando. Ahora es necesario profundizar esa organización con una forma claramente democrática y plural, que permita el avance a la solución de las problemáticas universitarias en la Facultad de Ciencias Antropológicas, y facilite la comunicación con otros estudiantes de la misma universidad y de otras instituciones, con el fin de crear un movimiento estudiantil duradero y fuerte. Corresponde a la sociedad apoyar esta nueva iniciativa, pues es una necesidad de todos crear una nueva sociedad en base a la participación de todos los que conformamos el México profundo.

Tomado de Tribuna de Yucatán 13 de diciembre de 2009

Postura de Estudiantes de Facultad de Ciencias Antropológicas frente a la Credencialización que ha implementado el Gobierno del Estado de Yucatán‏

A la Sociedad en general.
Al Gobierno del Estado de Yucatán.
A Henry Sosa Marrufo, director estatal de transporte (DTEY).
A los/as Estudiantes Universitarios/as.
A las Facultades y Universidades amigas.
A las Escuelas de Educación Media y Media Superior en general.

Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, quienes nos desenvolvemos en las licenciaturas de Comunicación Social, Arqueología, Literatura Latinoamericana, Historia y Antropología Social manifestamos públicamente nuestro descontento y rechazo ante las nuevas medidas promovidas -por Empresarios Transportistas y el Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la Dirección Estatal de Transporte (DTEY)- para el proceso de credencialización de estudiantes en relación con el uso del transporte público en la Ciudad de Mérida, Yucatán.

Por considerar que:

1. Las credenciales que nos otorga la Universidad Autónoma de Yucatán son válidas, representativas y legítimas para nuestros intereses como Estudiantes Universitarios; incluido dentro de éstos, el uso que le damos para el descuento de tarifas en el Transporte Público de Mérida.
2. La UADY, al ser la institución que nos ampara como Estudiantes Universitarios, es también la única que puede acceder a nuestra información socioeconómica como estudiantes; de igual manera la Universidad Autónoma de Yucatán está comprometida a guardar confidencialidad sobre la información que le proporcionamos.
3. Los requisitos que se nos solicitan para la nueva credencialización atentan contra nuestra autonomía como estudiantes y contra el derecho a la anonimidad que adquirimos al ser ciudadanos.

Les hacemos saber que:

A).El estudio socioeconómico que se nos pide como requisito indispensable durante el trámite de credencialización carece de objetividad, pidiéndonos revelar información de carácter confidencial sin algún argumento que avale el por qué de sus exigencias.
B). Dada nuestra formación académica en el campo de las Ciencias Sociales, estamos conscientes de que la realización de un estudio socioeconómico por parte de la DTEY no refleja la totalidad de las necesidades sociales y económicas de las personas que la misma institución ha intentado categorizar como Grupos Vulnerables. Hasta ahora desconocemos qué parámetros y para qué fines estas instancias intentan identificar a los Grupos Vulnerables dentro del estudio socioeconómico para el proceso de credencialización.
C).Consideramos que las fechas de tramitación propuestas por la DTEY omiten la diversidad de contextos socioeconómicos que nosotros, los Estudiantes de Ciencias Antropológicas, vivimos todos los días. Por mencionar a,
I. Los Estudiantes del Interior del Estado de Yucatán y,
II. Los Estudiantes de otros Estados de la República

D). Con base en los incisos anteriores, nos parece que han puesto en evidencia el posible uso ilegitimo y deshonesto de la información que ustedes nos han solicitado de antemano; colocando en detrimento a nuestra Autonomía como Estudiantes Universitarios, creando a su vez un nuevo eje de categorización social al interior de la Comunidad Estudiantil pero imposibilitando el acceso al trámite, dado el contexto de gran parte del Estudiantado de la Facultad de Ciencias Antropológicas.

Además:

Señalamos que desde el pasado 3 de Septiembre la DTEY –a través de una solicitud de concesionarios y permisionarios del transporte urbano- publicó un decreto que invalidaba la aceptación de Nuestras Credenciales Estudiantiles en temporada vacacional y fines de semana, dando por hecho que nuestras actividades académicas se limitan exclusivamente a los períodos escolares y generándonos otro deterioro más a nuestras economías familiares.

Por tanto,

1. Consideramos que no necesitamos mayor argumentación que estar matriculados como Estudiantes de la Facultad de Ciencias Antropológicas y tener una credencial avalada por la Universidad Autónoma de Yucatán para acceder al descuento tarifario en el Transporte Público de la Ciudad de Mérida.
2. Manifestamos nuestra oposición a cualquier estudio socioeconómico dentro de los trámites necesarios para una futura credencialización.
3. Señalamos la obligación y responsabilidad del Estado de Yucatán a través de la Dirección Estatal de Transporte (DTEY) para que en dado caso de otorgar una futura credencialización, ésta sea “sin distinción alguna”, garantizando por escrito la adscripción de todo estudiante universitario, en este caso de la UADY, puesto que por el hecho de ser estudiantes, ya somos dependientes económicamente.
4. Solicitamos que se revoque el decreto en el cual se anula la aceptación de Nuestras Credenciales Estudiantiles en temporada vacacional y fines de semana; pues, consideramos, es una medida que no está acorde con la realidad social de nosotros como estudiantes, en este caso, de la Facultad de Ciencias Antropológicas.
5. Expresamos nuestro interés por dejar las puertas abiertas de la Facultad de Ciencias Antropológicas a la Dirección Estatal del Transporte (DTEY), así como nuestro tiempo de estudiantes para la realización de su estudio socioeconómico siempre y cuando sea de manera anónima y en días escolares hábiles. Medidas que, como estudiantes de Ciencias Sociales, consideramos estrategias éticas, concretas y objetivas dentro de ese tipo de estudios; mismas que, pensamos, evitarían cualquier uso desvirtuado de la información personal, permitiéndoles conocer cuál es la situación económica de los Estudiantes Universitarios en el Estado de Yucatán.

Por último, invitamos a los Estudiantes de las Facultades de la UADY, así como también a los miembros de las instituciones educativas en general a integrarse a estas acciones, de manera que podamos velar por la Autonomía de nuestras decisiones como Estudiantes y como Ciudadanos. Acciones que, garantizan nuestra responsabilidad con la Sociedad y nuestra responsabilidad por asegurarnos de un Servicio de Transporte de Calidad; para no ser solamente copartícipes de estrategias que limitan más aun nuestros derechos Estudiantiles y Ciudadanos.

Hoy más que nunca, estudiantes todos/as.

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY

FORO MAYA PENINSULAR DE YUCATAN Y QUINTANA ROO
CONGRESO NACIONAL INDIGENA (C N I)

LLAMA A PARTICIPAR EN LA

M A R CH A

POR LA UNIDAD DE ACCION Y LUCHA CONJUNTA CON EL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS (SME)

EN LA CIUDAD DE VALLADOLID, YUCATAN.
DOMINGO 13 DE DICIEMBRE
A LAS 10:00 HORAS
DEL PARQUE DE SANTA LUCIA (calle 27 x 42) AL CENTRO.

• EXIGIMOS LA DEROGACIÓN INMEDIATA DEL DECRETO DE EXTINCIÓN DE LyFC; LA SALIDA DE LAS FUERZAS POLICIACAS Y MILITARES DE LOS CENTROS DE TRABAJO DE LOS ELECTRICISTAS; EL REGRESO DEL EJÉRCITO A SUS CUARTELES Y EL RETORNO INMEDIATO A LA LEGALIDAD CONSTITUCIONAL.
• DEMANDAMOS EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE SAN ANDRES SACAMCHEN DE LOS POBRES FIRMADOS POR EL EZLN Y LOS PUEBLOS INDIGENAS DE MEXICO.
• NO A LOS MEGAPROYECTOS NEOLIBERALES EN LAS ZONAS ARQUEOLOGICAS Y EN LAS TIERRAS Y TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE YUCATAN Y QUINTANA ROO.

NI UNA LUCHA AISLADA MÁS:

TODOS A PREPARAR LA HUELGA NACIONAL

“QUE TODOS SE LEVANTEN, QUE CAMINEN TODOS,

QUE NO HAYA UNO NI DOS QUE SE QUEDE ATRÁS” POPOL VUH.

Foromayapeninsular@yahoo.com.mx zacihualmay@yahoo.com.mx
Guillermo May Correa. 01 985 8562895 / 01 55 5271 8552

Campeche: Represión y resistencia

Juan Cristóbal León Campos

El hermano Estado de Campeche es ejemplo de las injusticias y de la impunidad que se vive en nuestro país. El 13 de agosto pasado, los pobladores de San Antonio Ebulá (pueblo fundado hace más de 40 años) fueron desterrados por parapolicías (vándalos) pagados por el empresario Eduardo Escalante quien se arroga la propiedad de las tierras, siendo resguardados por cerca de cien elementos de la Policía Estatal Preventiva de Campeche. Los ebuleños fueron golpeados y expulsados de su tierra; sus viviendas y pertenencias fueron destruidas y saqueadas; sus animales fueron sacrificados por los saqueadores, e incluso los árboles fueron talados, privando a las familias de sus medios de subsistencia.

Como respuesta los ebuleños realizaron un plantón en los bajos del Palacio de Gobierno de Campeche, por más de 41 días. Gracias a la solida resistencia y al apoyo que ha recibió nacional e internacionalmente, el Pueblo de Ebulá a logrado recuperar 31 hectáreas de sus tierras. Pero la lucha aún continua hasta que todas las tierras estén en manos de sus dueños, y los daños sean reparados.

Otro caso de injusticia es el que se vive en el municipio de Candelaria, donde más de 3,500 pobladores de 35 comunidades han conformado el Movimiento Contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica para resistir los abusos de la empresa paraestatal. Su lucha lleva más de 3 años, en los cuales han realizado diversas acciones de rechazo y denuncia en contra de los abusos económicos efectuados por la CFE. Por lo que el gobierno campechano con los oídos cerrados en su totalidad a las demandas populares, detuvo desde el 10 de junio a 5 integrantes de este justo movimiento. Hasta la fecha han sido liberados Guadalupe Lizcano y Elmer Castellanos gracias a la movilización social y a la solidaridad nacional e internacional mediante el pago de fianzas con un monto de $4,000, permaneciendo bajo proceso jurídico. Mientras tanto, siguen encarcelados Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja.

Las acusaciones en su contra son totalmente falsas, pues lo único que han hecho es luchar por una mejor condición de vida para los campechanos. Ante estas injusticias y frente a la impunidad que gozan quienes las cometen, es necesario organizar la solidaridad y al apoyo a nuestros hermanos campechanos. Para exigir juntos;

¡Libertad a los Presos Políticos!
¡Castigo a los autores intelectuales y materiales!
¡Justicia, Tierra y libertad!

Chiapas: la otra guerra de tinta e Internet

Luis Hernández Navarro

En abril de 1995, José Ángel Gurría, entonces secretario de Relaciones Exteriores, declaró que el zapatismo era una guerra de tinta e Internet. Ahora, 14 años después, son los gobiernos federal y de Chiapas los que han lanzado una gran ofensiva de de-sinformación en contra de los rebeldes, los grupos defensores de derechos humanos y los movimientos sociales disidentes en ese estado.
La actual estrategia de comunicación gubernamental se inscribe en la arena de la “guerra de redes” (netwar). Según los analistas de la RAND, Arquilla y Ronfeldt, “Netwar se refiere a conflictos relacionados con la información en un nivel alto entre naciones o sociedades. Significa tratar de alterar, dañar o modificar lo que una población objetivo sabe, o piensa que sabe, acerca de ella misma y el mundo que la rodea. Una ‘guerra de redes’ puede enfocarse en la opinión pública, de las elites, o en ambas. Puede incluir medidas diplomáticas públicas, propaganda y campañas sicológicas, subversión política y cultural, engaños a, o interferencia con los medios, infiltración en redes de computadoras y bases de datos y esfuerzos para promover movimientos disidentes u opositores mediante redes de cómputo”.

Esto es precisamente lo que el Estado mexicano ha hecho durante las semanas recientes en el estado sureño. La lista de provocaciones es enorme: detención y asesinato de opositores sociales, promoción de una campaña de rumores anunciando un nuevo levantamiento armado, intento de difamar al zapatismo divulgando falsamente una solicitud de apoyo económico de las juntas de buen gobierno hacia el Congreso local, liberación de paramilitares responsables de la matanza de Acteal e incremento de la presencia militar. Todo ello montado en una campaña en medios de comunicación para ocultar los hechos, a pesar de las evidencias.

Con el gobierno de Juan Sabines los grupos de poder tradicionales se han recompuesto. Caciques, finqueros, ganaderos y la más rancia nomenclatura política priísta ocupan posiciones claves en la administración pública, en el Congreso local y en San Lázaro. Varios participan en los grandes negocios locales asociados con personajes del ámbito federal.

No importa que este gobernador haya ganado la jefatura del Ejecutivo del estado como candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Él es uno de los gobernadores más cercanos al Presidente de la República. “Estamos con México y su presidente Felipe Calderón”, ha dicho en más de una ocasión. En Chiapas, el hombre de Los Pinos se siente más cómodo que un muchas de las entidades gobernadas por el Partido Acción Nacional (PAN).

Juan Sabines maneja la vida interna de ese instituto político a su antojo: quita y pone dirigentes y candidatos. En ese estado, el sol azteca se ha convertido, en mucho, en el partido de los paramilitares.

La estrategia de comunicación de la administración estatal tiene dos pies: uno es el uso intensivo de televisoras y radio para “promover” Chiapas; el otro es una política de contrainsurgencia informativa, orquestada a partir del control de la prensa local y la divulgación en los medios nacionales de las posiciones de la administración de Sabines sobre asuntos conflictivos suscitados en la entidad.

En la versión chiapaneca contemporánea de “pan y circo”, cotidianamente se filman capítulos de telenovelas, músicos consagrados graban discos y artistas de éxito se placean por ruinas, monumentos históricos y bellezas naturales. Los visitantes famosos son entrevistados en los medios de comunicación locales.

Aunque formalmente la guerra de papel contra el zapatismo y contra todo aquel que no quiera subordinarse a la política de “concertación” estatal es conducida por el Ejecutivo local, parte de la estrategia ha sido trazada desde el gobierno federal. Diego Cadenas, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, asegura tener información confiable de que en las reuniones semanales del gabinete del gobierno de Juan Sabines siempre están presentes militares.

El más reciente eslabón de esta ofensiva informativa es la versión de que las juntas de buen gobierno solicitaron “reconocimiento” al Congreso local y al gobierno de Juan Sabines, hecho tan insólito como irreal. La mentira gubernamental tiene un objetivo central: deslegitimar la lucha zapatista, quitarle credibilidad a su propuesta. La maniobra es una grave ofensa. A pesar de la precariedad en que las comunidades en resistencia viven desde hace muchos años, han rechazado sistemáticamente cualquier tipo de ayuda gubernamental. Su dignidad no tiene precio, y así lo han mostrado al mundo.

No es la primera ocasión en la historia del conflicto en que las autoridades recurren a un montaje similar. Entre 1999 y 2000, siendo gobernador interino del estado Roberto Albores Guillén –estrecho aliado de Juan Sabines– se montó un show televisado en el que se anunció la deserción de 15 mil zapatistas que entregaron armas y pasamontañas. Los desertores eran militantes del PRI, varios de ellos paramilitares. Uno de los principales organizadores de esta ópera bufa fue Noé Castañón León, a la sazón titular del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien, curiosamente, es hoy secretario del gobierno chiapaneco.

La guerra de tinta e Internet contrainsurgente ha creado una situación política muy delicada en Chiapas. A ver si los gobiernos siguen jugando con fuego.

La Jornada, 1 de diciembre de 2009