lunes, 28 de diciembre de 2009

Marcha Contra Credencialización en Yucatán




Pliego Petitorio de los Estudiantes de Yucatán

Mérida Yucatán México a martes 22 de diciembre de 2009


C. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco
Gobernadora Constitucional del Estado de Yucatán
PRESENTE

CCP C. Henry Sosa Marrufo,
Director Estatal de Transporte de Yucatán

CCP C. Carlos Germán Pavón Flores
Subsecretario General de Gobierno

CCP C. Edgar Reyes Escalante Centeno
Director de Gobierno

CCP C. Raúl Humberto Hevia Mendoza
Director de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia


Por este medio y de manera pacífica y respetuosa los estudiantes de nivel medio superior y superior tanto de escuelas públicas como privadas, manifestamos nuestro desacuerdo ante las nuevas medidas de la Dirección Estatal de Transporte en lo relativo al proceso de credencialización estudiantil para el acceso a la tarifa social del transporte público en la Ciudad de Mérida, Yucatán, en virtud de las siguientes:

CONSIDERACIONES
1. - Las credenciales que nos otorgan nuestras escuelas son válidas, representativas y legítimas para nuestros intereses como estudiantes; incluido dentro de éstos, el uso que le damos para el descuento de tarifas en el Transporte Público de Mérida.
2.- Las instituciones educativas a las que pertenecemos son las únicas que pueden acceder a nuestra información socioeconómica como estudiantes; es decir, nuestras instituciones educativas están comprometidas a guardar confidencialidad sobre la información que le proporcionamos.
3. - Los requisitos que se nos solicitan para la nueva credencialización atentan contra nuestra autonomía como estudiantes y contra el derecho a la anonimidad que adquirimos al ser ciudadanos.
4.- Con este proceso de credencialización, se le está restando legitimidad a las instituciones que nos imparten educación, ya que son éstas las que nos avalan como estudiantes.
5.- Los datos que se nos piden para el estudio socioeconómico como requisito indispensable durante el proceso de credencialización provocan que éste carezca de objetividad, toda vez que se nos solicita revelar información de carácter confidencial sin algún argumento contundente que justifique la razón de tal requerimiento.
6.- El estudio referido en el punto anterior no refleja la totalidad de las necesidades sociales y económicas de las personas que la Dirección Estatal de Transporte ha categorizado como Grupos Vulnerables.
7.- Desconocemos bajo qué parámetros y para qué fines se intenta identificar a los Grupos Vulnerables dentro del estudio socioeconómico en el proceso de credencialización; generando al estudiantado incertidumbre sobre un posible uso ilegítimo, incierto y sesgado de la información proporcionada.
8.- Las fechas de tramitación propuestas por la Dirección Estatal de Transporte omiten la diversidad de contextos socioeconómicos tales como los estudiantes del Interior del Estado y de otras entidades de la República.
9.- No es admisible condicionar la entrega de la credencial de identificación estudiantil en base a criterios unilaterales, tales como el establecimiento de fechas específicas para su tramitación fuera de las actividades académicas señaladas en el calendario escolar vigente o a través de la categorización de cierta parte del estudiantado como “Grupo Vulnerable”.
10.- Consideramos que nuestra calidad de estudiantes no se remite solamente a días escolares y no concluye en temporadas vacacionales, al contrario de lo establecido en el decreto No. 222, Artículo Uno, Punto Dos, Inciso “a”, expedido por el Poder Ejecutivo del Estado y publicado en el Diario Oficial durante éste año.

Por lo anteriormente expuesto y en el ejercicio de sus atribuciones como titular del Poder Ejecutivo de Yucatán, a usted C. Gobernadora atentamente solicitamos:
PRIMERO: Se reconozca que no necesitamos más requisito que estar matriculados como estudiantes en cualquier institución educativa, para tener derecho a obtener una credencial que nos permita acceder al descuento tarifario en el Transporte Público de la Ciudad de Mérida.
SEGUNDO: Se elimine la condición del estudio socioeconómico para poder obtener las nuevas credenciales promovidas por la Dirección Estatal de Transporte, mediando el respectivo acuerdo que obre por escrito.
TERCERO: La expedición de un decreto en el cual se garantice la tarifa social para estudiantes, discapacitados y personas de la tercera edad, y se prevean medios de defensa con carácter coercitivo a quienes incumplan con esta disposición.
CUARTO: La derogación del inciso “a” del Punto Número Dos, del Artículo 1 del Decreto Número 222 expedido por el Poder Ejecutivo Estatal el cual invalida la aceptación de Nuestras Credenciales Estudiantiles en temporada vacacional y fines de semana.
QUINTO: Nos proporcionen el proyecto con sus respectivas especificaciones del cual forma parte el proceso de credencialización y el estudio socioeconómico para tener pleno conocimiento de dicho proyecto con el fin de analizarlo y así poder hacer las propuestas pertinentes para su mejora; así como también, una adecuada difusión para la sociedad en general sobre lo que éste proyecto contiene.
SEXTO: Se dé una respuesta oportuna y de manera escrita a todas las consideraciones planteadas en el cuerpo de la presente así como los acuerdos y sus respectivos argumentos respecto de nuestras peticiones dentro de los siguientes siete días naturales a partir de la entrega de ésta carta, la cual puede ser remitida al domicilio que aparece al calce de este documento.
SÉPTIMO: Nos señale día y hora para recibir a una comisión que trate de manera personal los puntos anteriores, girando instrucciones a quienes usted, C. Gobernadora, considere competentes para dar respuesta a ésta petición.

FUNDAMENTO
Con fundamento en el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice:
“Los funcionarios y empleados públicos respetaran el ejercicio del derecho de petición, siempre que esta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la república. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.”
No omitimos manifestarle nuestro interés por mantener un dialogo con El Poder Ejecutivo a su digno y esperamos su respuesta conforme a derecho. Reciba usted toda nuestra consideración respetuosa y distinguida.

“Hoy más que nunca, estudiantes todos/as”
COMITÉ GENERAL DE ESTUDIANTES

miércoles, 23 de diciembre de 2009

Artesanos de Chichén Itzá en resistencia

Juan Cristóbal León Campos

La guerra de conquista iniciada hace más de cinco siglos sobre los pueblos originarios de América, aun hoy continúa. La característica principal de los gobiernos es su desprecio a las culturas indígenas y al patrimonio cultural e histórico de nuestro país. Para los poderosos los indígenas solo sirven si están muertos, los que están vivos y trabajan son condenados a las peores condiciones de marginación y explotación.
En Yucatán, esta situación es clara, los campesinos mayas son despojados de sus tierras mediante engaños y fraudes, y reprimidos con violencia si deciden denunciar tales acciones del gobierno. Ese es el caso de los ejidatarios de Oxcum que en el 2006 y 2007 resistieron con dignidad tales atropellos. Un caso ejemplar del desprecio hacia la cultura indígena, es el que se desarrolla en la zona arqueológica de Chichén Itzá, donde permanecen en conflicto los artesanos mayas y los intereses privados de los gobernantes y burgueses empresarios.
Herederos de una histórica tradición los artesanos mayas trabajan todos los días en condiciones extremas al interior de Chichén Itzá. Su presencia se remonta al menos a la década de los 20. En la actualidad son aproximadamente 800 artesanos-comerciantes, de los cuales dependen por lo menos 6000 personas. Viven en los alrededores de Chichén Itzá en más de 20 pequeñas comunidades (entre ellas Pisté, Xcalacoop, San Felipe, Tohopkú, Yaxché), donde la situación económica es extrema por las condiciones de abandono en que se encuentran.
Desde años atrás los diferentes gobiernos junto al INAH, han pretendido expulsarlos de su propia tierra, en 1996 la policía los desalojó utilizando gases lacrimógenos, dañando en ese entonces a nuestros niños y algunas mujeres embarazadas. Permanecen en constante amenaza de un nuevo acto violento del gobierno, reciben a diario muestras de desprecio, y hostigamiento por parte de Hans Thies Barbachano quien se hace llamar “legitimo dueño de Chichén Itzá”. Han denunciado por todos los medios su situación, recibiendo por parte del gobierno nula respuesta, pues es evidente la inclinación que las autoridades tienen por Barbachano.
Como si el desprecio a su trabajo y su cultura fuera poco, desde 1997, se ha comenzado a convertir a Chichén Itzá en un centro comercial. Se efectúan grandes eventos “culturales” sin importar el daño que estos ocasionan a los vestigios de la zona arqueológica. Luciano Pavaroti, Placido Domingo, Sara Brightman son los principales artistas que han actuado en dichos eventos. Para los próximos años han programados la actuación de Elton John y Paul McCartney, además de una función de Box en febrero del próximo año. El descaro es evidente, no hay beneficio para los mayas en estos eventos, solo persecución y violencia contra ellos, pues cada vez que se programa una de estas actividades se les persigue para expulsarlos de la zona arqueología, por considerar las autoridades que dañan el aspecto y estorban a sus planes. Actualmente se pretende construir un complejo turístico en Chichén Itzá, que incluye entre otras cosas 12 hoteles cinco estrellas, playas artificiales, lagos artificiales, campos de Golf, bares y discotecas. Por supuesto los mayas están excluidos de todos estos proyectos.
Ante todos estos atropellos a sus derechos históricos y culturales que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se han organizado desde años atrás para resistir y poner freno a los embates gubernamentales de las autoridades que promueven la cultura maya sin los mayas.
Sus demandas son:

1. Que el INAH y/o las autoridades correspondientes expropien la propiedad privada (de aprox. 796 hectáreas a nombre de la familia Barbachano) enclavados en la zona federal de Chichén Itzá.
2. Que el 15% de los ingresos que capta mensualmente el INAH. y el patronato de Cultur de Yucatán en la zona de Chichén Itzá se destinen para los pueblos circunvecinos a la zona arqueológica. Con esta insistente petición hemos logrado que el Gobierno Federal y el de Yucatán firmen un convenio para que un 5 por ciento de ésos ingresos se destinen de manera retroactiva desde enero del año 2008 para el municipio de Tinum, donde se encuentra asentado Chichén Itzá. Hasta hoy no se conoce como se ha utilizado el dinero.
3. Que se creen leyes que exenten de pago los 365 días del año a todos los mayas de la península de Yucatán para entrar a la zona arqueológica de Chichén Itzá.
4. Los aprox. 800 artesanos-comerciantes pedimos que las autoridades del INAH y/o las que correspondan reconozcan formalmente nuestro espacio de trabajo acostumbrado.
5. Garantías legales y humanas a nuestro favor, es decir que se aplique el convenio 169 de la OIT y demás leyes que favorezcan a las comunidades indígenas, y no seamos desalojados, ni detenidos injustamente; debiendo la autoridad respetar y reconocer nuestro trabajo en el interior de la zona de Chichén Itzá.

La resistencia de los artesanos de Chichén Itzá debe ser acompañada por toda la sociedad, pues sus derechos legítimos como cultura indígena, oprimida y olvidada desde siempre por los malos gobiernos, deben ser defendidos, su autonomía y libre determinación debe ser aplicada.
Es necesario lograr el respeto y reconociendo pleno de los derechos indígenas, un reconocimiento real de la diversidad cultural de todos los pueblos y comunidades de nuestro país es la base para la conformación de un México justo. Se necesita dar fin a la guerra de conquista de los pueblos indígenas y conformar una alternativa a esta sociedad capitalista basada en la explotación y marginación de los sectores trabajadores, para dar paso a la construcción de un mejor país, con la participación de todos los que integran el México de abajo.
Tomado de Tribuna Yucatán, 19 de dciembre de 2009

jueves, 17 de diciembre de 2009

Junta contra credencialización


Asamblea de Estudiantes del Tecnológico

A la Comunidad Estudiantil del Tecnológico

En meses pasados la Asamblea de Estudiantes Tecnológico participó de manera activa junto con la Red Nacional de Jóvenes, en la campaña, ¡NI UN PESO MÁS AL TRANSPORTE PUBLICO!, realizando volanteo, foros, marchas y demás actividades en defensa de la comunidad estudiantil de Yucatán y a sus familias, logrando conseguir que la tarifa de estudiante no se aumentara, pero no satisfechos ya que se le aumento a la tarifa general de $5 a $6 y con esto dañando la economía familiar, que en hoy en tiempo de crisis de por sí se ve afectada.

Hoy en los edificios del tecnológico se puede ver un anuncio, donde les piden a los estudiantes que para que se les realice el descuento en el transporte público y puedan pagar únicamente $3 y no $6 tienen que sacar otra credencial y esta se dará en instalaciones fuera del TEC.

Consideramos que esto es un plan con maña, ya que muchos estudiantes se les dificultara o simplemente se les hará imposible sacar esta credencial porque no pudieron asistir el día y la hora que se puso de plazo, ya sea por trabajo, actividades extraescolares, compromisos de diferente índole, etc. Y por si fuera poco la credencial con la que hoy contamos ya no será validad para este servicio y muchos estudiantes empezaran a pagar $6, cosa totalmente injusta.

Por tal motivo la Asamblea de Estudiantes Tecnológico se ve con el compromiso de plantear una postura ante esta situación, como desde hace tiempo ha hecho en diferentes temas en donde el estudiante y la sociedad son los principales afectados.

Les proponemos lo siguiente:


1.- Que las credenciales que ya tenemos del tecnológico de Mérida sean las que se respeten, ya que de esta manera ningún estudiante se verá excluido de obtener el descuento.

2.- En dado caso de que se dé la negativa de no aceptar las credenciales ya existentes, proponemos que los modules para estas nuevas credenciales se instalen en el Instituto Tecnológico para que de esta manera se le facilite el tramite a la gran mayoría de los estudiantes que necesitan de este descuento y que la credencialización no sea únicamente en estos últimos días de clases, sino que también se dé en los primeros días del siguiente semestre.

Esperamos contar con sus comentarios para saber si les parece que se plantee esta problemática y buscar las soluciones.


Asamblea de Estudiantes Tecnológico

martes, 15 de diciembre de 2009

Junta contra credencialización


Comunicado de apoyo a estudiantes de Yucatán

A los estudiantes de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán
A Henry Sosa Marrufo, director estatal de transporte (DTEY).
Al Gobierno del Estado de Yucatán.
Al pueblo hermano yucateco.

El sistema capitalista se encuentra inmerso en una crisis mundial y ésta afecta en mayor medida a países dependientes del imperio yankee como el nuestro. Naturalmente la clase política burguesa nacional muestra su incapacidad frente a esta crisis, surgida por las contradicciones mismas del sistema capitalista. La mediocridad y el temor a afectar intereses de caciques de la oligarquía nacional se pueden constatar con la sumisión cínica y servil del ejecutivo federal y su gabinete ante las “críticas” y regaños que los empresarios vociferan, humillando con sus comentarios a los encargados del gobierno en turno. La clase empresarial está preocupada, “la crisis los está afectando,” sus fortunas disminuyen y se ven en la obligación propia de su clase de despedir trabajadores y aumentar precios a los productos básicos con tal de seguir viviendo con los privilegios que dicen necesitar y merecer, hechos a costa del trabajo ajeno.

La incapacidad del gobierno en turno se evidencia con las propuestas que presentan como “alternativas únicas” para poder cubrir los “agujeros y partiduras” de las finanzas nacionales: el aumento de impuestos y la reducción de subsidios a servicios sociales como salud, educación, vivienda y alimentación. Mediáticamente dicen combatir la pobreza pero no hacen sino combatir a quienes la conforman: los millones pobres de nuestro país. Razón tiene Carlos Marx al señalar que “el gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los intereses comunes de la clase burguesa”.

La protesta social crece día con día, se criminaliza y se reprime utilizando para ello el brazo armado del Estado burgués: las fuerzas policíacas y militares. Nuestro país se militariza en proporción a la protesta. En este contexto es necesario para la clase burguesa explotadora tener vigilada a la clase explotada para que al menor brote de inconformidad pueda ubicarlo y callarlo. Datos aparentemente insignificantes son exigidos por los organismos de “seguridad nacional” con el fin de vigilar fácilmente a la sociedad y especial de quienes protestan; los mecanismos empleados facilitan la ubicación de éstos y por tanto su fácil represión y, en el peor de los casos, desaparición y/o asesinato. Es pues menester para la clase en el poder exigir a la población: cédulas de identificación personal, registro de números celulares, credencializaciones, etc. Estas acciones son parte del Plan Mérida, pactado y ordenado directamente desde el Pentágono.

La clase patronal transportista (no nos referimos a los choferes que son victimas también de la explotación a que son sujetos por los dueños del servicio de transporte de cada entidad) no es ajena a éste contexto de crisis económica y militarización. Es una vergüenza que quienes dicen velar por los intereses del pueblo en la práctica sean los que lo perjudiquen. La gobernadora-------, como hemos podido constatar gracias a la información que nos hacen favor de enviar desde ese rincón rebelde del sureste mexicano, utiliza a la Dirección Estatal de Transporte de Yucatán para beneficiar a sus allegados y socios. La credencialización a la que pretende someter a los estudiantes de la UADY es un acto cobarde, y lo es porque quienes la promueven no manifiestan claramente sus intereses, sino que valiéndose de sus medios de difusión muestran éste acto como si fuese “en beneficio de los estudiantes”. Los intereses de las mayorías no son sus intereses; los suyos son proclives a los de la clase empresarial y caciquil yucateca.

En este contexto aprovechamos la ocasión para comentarles que hace un par de meses pasamos por una situación similar: el Gobierno del Estado de Guerrero, por iniciativa del gobernador (y empresario perredista) Zeferino Torreblanca Galindo y en contubernio con los caciques transportistas autorizaron el aumento a la tarifa del transporte en nuestro estado, basándose según ellos, en un “estudio socioeconómico” del que jamás dieron a conocer los mecanismos empleados para realizarlo.

Como puede observarse, padecemos los mismos problemas. En su caso que es también nuestro y el nuestro que sabemos es suyo, dudamos que tales estudios se hayan realizado, y aseguramos que los estudios socioeconómicos a que hacen mención son solamente pretextos para justificar sus embestidas contra el pueblo. Tales estudios, en caso de haberse realizado, fueron hechos utilizando como referencia la propia posición social de quienes promueven iniciativas como aumento al transporte y la credencialización de estudiantes. Sus opiniones y “estudios socioeconómicos” están permeados por la ideología que les proporciona su posición de clase. Sus intereses y perspectivas son diametralmente opuestos a los nuestros.

Hermanos y hermanas, los problemas por los que están pasando los vemos con coraje pero también con orgullo al saber que hay estudiantes dignos y rebeldes como nosotros que defienden con dignidad los logros, como la autonomía, alcanzados por quienes en luchas pasadas ofrendaron sus vidas en pro de una sociedad más justa. Ellos cumplieron su deber, y nosotros cumplimos el nuestro. Aprendamos de nuestras experiencias. Ante los embates pensados y organizados por la clase burguesa es necesaria y urgente la unión de la clase explotada para hacer frente a estos embates. Tengan presente que en nuestra trinchera universitaria guerrerense siempre habrá gritos de aliento que acompañen cada una de las consignas emanadas desde lo más profundo de sus corazones revolucionarios en sus mítines y movilizaciones.
La muerte más lenta es la resignación.
¡¡¡Solidaridad total con nuestra hermana Universidad Autónoma de Yucatán!!!

¡¡¡Viva la autonomía universitaria!!!
¡¡¡Viva la lucha estudiantil revolucionaria!!!
¡¡¡No a la credencialización de estudiantes de la UADY!!!
¡¡¡Ni un paso atrás!!!
¡¡¡V e n c e r e m o s!!!

Colectivo Rebelión
Universidad Autónoma de Guerrero
11 de diciembre de 2009

miércoles, 9 de diciembre de 2009

Credencialización viola autonomía universitaria

Antropología levanta la voz

Juan Cristóbal León Campos

Con una larga tradición de lucha y crítica social los estudiantes de la Facultad de Ciencias Antropológicas se han caracterizado por acompañar a los sectores marginados en sus exigencias y reclamos a los gobiernos sordos ante las necesidades populares y serviles a los intereses privados de la burguesía.

Campesinos despojados de sus tierras, obreros explotados, indígenas discriminados, jóvenes criminalizados, entre otros, han sentido el compromiso social de los estudiantes. Desde años atrás destaca su participación en las protestas y movilizaciones que se realizan contra el desmedido aumento en el costo del pasaje del transporte público urbano y contra el mal servicio que los empresarios monopolistas prestan con beneplácito del gobierno.

El último aumento al pasaje del transporte público, ha desencadenado una serie de acciones de resistencia que van desde plantones y marchas, hasta la realización de foros universitarios donde se analizan los pormenores de este servicio público. Los estudiantes han resistido la represión violenta gubernamental, como la del 13 de marzo de 2007 o del 16 de septiembre del año en curso, además de la que actualmente se ejerce en la Facultad contra todo universitario que demuestre tener compromiso social.

En los últimos días, se organizaron y elaboraron un comunicado dirigido a las autoridades; a los universitarios y a la sociedad en general, en el cual, levantan la voz, expresan su descontento y rechazan las medidas promovidas por los empresarios transportistas y el Gobierno del Estado a través de la Dirección Estatal de Transporte (DTEY) para el proceso de credencialización de los estudiantes que necesitan el descuento en el transporte público, además de exigir se respeten sus credenciales en días festivos, fines de semana y vacaciones, pues no dejan de ser estudiantes ningún día del año.

En dicho documento señalan que: “1). Las credenciales que nos otorga la Universidad Autónoma de Yucatán son válidas, representativas y legítimas para nuestros intereses como Estudiantes Universitarios; incluido dentro de éstos, el uso que le damos para el descuento de tarifas en el Transporte Público de Mérida. 2). La UADY, al ser la institución que nos ampara como Estudiantes Universitarios, es también la única que puede acceder a nuestra información socioeconómica como estudiantes; de igual manera la Universidad Autónoma de Yucatán está comprometida a guardar confidencialidad sobre la información que le proporcionamos. 3.) Los requisitos que se nos solicitan para la nueva credencialización atentan contra nuestra autonomía como estudiantes y contra el derecho a la anonimidad que adquirimos al ser ciudadanos”.

En párrafos siguientes, critican la clara parcialidad que presenta y la manipulación con que se realiza el llamado “estudio” socioeconómico por parte del DTEY, pues carece de las herramientas analíticas necesarias para ser un estudio serio al dejar de lado la diversidad de contextos socioeconómicos en que viven los estudiantes de Mérida, del interior del Estado y los que vienen de otros Estados.

Los estudiantes dejan muy clara su postura y sus demandas, al decir que: “1). Consideramos que no necesitamos mayor argumentación que estar matriculados como Estudiantes de la Facultad de Ciencias Antropológicas y tener una credencial avalada por la Universidad Autónoma de Yucatán para acceder al descuento tarifario en el Transporte Público de la Ciudad de Mérida. 2). Manifestamos nuestra oposición a cualquier estudio socioeconómico dentro de los trámites necesarios para una futura credencialización. 3) Señalamos la obligación y responsabilidad del Estado de Yucatán a través de la Dirección Estatal de Transporte (DTEY) para que en dado caso de otorgar una futura credencialización, ésta sea “sin distinción alguna”, garantizando por escrito la adscripción de todo estudiante universitario, en este caso de la UADY, puesto que por el hecho de ser estudiantes, ya somos dependientes económicamente. 4) Solicitamos que se revoque el decreto en el cual se anula la aceptación de Nuestras Credenciales Estudiantiles en temporada vacacional y fines de semana; pues, consideramos, es una medida que no está acorde con la realidad social de nosotros como estudiantes, en este caso, de la Facultad de Ciencias Antropológicas. 5). Expresamos nuestro interés por dejar las puertas abiertas de la Facultad de Ciencias Antropológicas a la Dirección Estatal del Transporte (DTEY), así como nuestro tiempo de estudiantes para la realización de su estudio socioeconómico siempre y cuando sea de manera anónima y en días escolares hábiles. Medidas que, como estudiantes de Ciencias Sociales, consideramos estrategias éticas, concretas y objetivas dentro de ese tipo de estudios; mismas que, pensamos, evitarían cualquier uso desvirtuado de la información personal, permitiéndoles conocer cuál es la situación económica de los Estudiantes Universitarios en el Estado de Yucatán”.

Con este documento el primer paso se ha dado, los estudiantes con claridad expresan su opinión y su postura ante las medidas que se están implementando por parte de la DTEY, es claro que no tolerarán ninguna arbitrariedad en el proceso de credencialización y del servicio del transporte público. Han alzado su voz y se están organizando. Ahora es necesario profundizar esa organización con una forma claramente democrática y plural, que permita el avance a la solución de las problemáticas universitarias en la Facultad de Ciencias Antropológicas, y facilite la comunicación con otros estudiantes de la misma universidad y de otras instituciones, con el fin de crear un movimiento estudiantil duradero y fuerte. Corresponde a la sociedad apoyar esta nueva iniciativa, pues es una necesidad de todos crear una nueva sociedad en base a la participación de todos los que conformamos el México profundo.
Tomado de Tribuna de Yucatán 13 de diciembre de 2009

Postura de Estudiantes de Facultad de Ciencias Antropológicas frente a la Credencialización que ha implementado el Gobierno del Estado de Yucatán‏

A la Sociedad en general.
Al Gobierno del Estado de Yucatán.
A Henry Sosa Marrufo, director estatal de transporte (DTEY).
A los/as Estudiantes Universitarios/as.
A las Facultades y Universidades amigas.
A las Escuelas de Educación Media y Media Superior en general.

Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, quienes nos desenvolvemos en las licenciaturas de Comunicación Social, Arqueología, Literatura Latinoamericana, Historia y Antropología Social manifestamos públicamente nuestro descontento y rechazo ante las nuevas medidas promovidas -por Empresarios Transportistas y el Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la Dirección Estatal de Transporte (DTEY)- para el proceso de credencialización de estudiantes en relación con el uso del transporte público en la Ciudad de Mérida, Yucatán.

Por considerar que:

1. Las credenciales que nos otorga la Universidad Autónoma de Yucatán son válidas, representativas y legítimas para nuestros intereses como Estudiantes Universitarios; incluido dentro de éstos, el uso que le damos para el descuento de tarifas en el Transporte Público de Mérida.
2. La UADY, al ser la institución que nos ampara como Estudiantes Universitarios, es también la única que puede acceder a nuestra información socioeconómica como estudiantes; de igual manera la Universidad Autónoma de Yucatán está comprometida a guardar confidencialidad sobre la información que le proporcionamos.
3. Los requisitos que se nos solicitan para la nueva credencialización atentan contra nuestra autonomía como estudiantes y contra el derecho a la anonimidad que adquirimos al ser ciudadanos.

Les hacemos saber que:

A).El estudio socioeconómico que se nos pide como requisito indispensable durante el trámite de credencialización carece de objetividad, pidiéndonos revelar información de carácter confidencial sin algún argumento que avale el por qué de sus exigencias.
B). Dada nuestra formación académica en el campo de las Ciencias Sociales, estamos conscientes de que la realización de un estudio socioeconómico por parte de la DTEY no refleja la totalidad de las necesidades sociales y económicas de las personas que la misma institución ha intentado categorizar como Grupos Vulnerables. Hasta ahora desconocemos qué parámetros y para qué fines estas instancias intentan identificar a los Grupos Vulnerables dentro del estudio socioeconómico para el proceso de credencialización.
C).Consideramos que las fechas de tramitación propuestas por la DTEY omiten la diversidad de contextos socioeconómicos que nosotros, los Estudiantes de Ciencias Antropológicas, vivimos todos los días. Por mencionar a,
I. Los Estudiantes del Interior del Estado de Yucatán y,
II. Los Estudiantes de otros Estados de la República
D). Con base en los incisos anteriores, nos parece que han puesto en evidencia el posible uso ilegitimo y deshonesto de la información que ustedes nos han solicitado de antemano; colocando en detrimento a nuestra Autonomía como Estudiantes Universitarios, creando a su vez un nuevo eje de categorización social al interior de la Comunidad Estudiantil pero imposibilitando el acceso al trámite, dado el contexto de gran parte del Estudiantado de la Facultad de Ciencias Antropológicas.

Además:

Señalamos que desde el pasado 3 de Septiembre la DTEY –a través de una solicitud de concesionarios y permisionarios del transporte urbano- publicó un decreto que invalidaba la aceptación de Nuestras Credenciales Estudiantiles en temporada vacacional y fines de semana, dando por hecho que nuestras actividades académicas se limitan exclusivamente a los períodos escolares y generándonos otro deterioro más a nuestras economías familiares.

Por tanto,

1. Consideramos que no necesitamos mayor argumentación que estar matriculados como Estudiantes de la Facultad de Ciencias Antropológicas y tener una credencial avalada por la Universidad Autónoma de Yucatán para acceder al descuento tarifario en el Transporte Público de la Ciudad de Mérida.
2. Manifestamos nuestra oposición a cualquier estudio socioeconómico dentro de los trámites necesarios para una futura credencialización.
3. Señalamos la obligación y responsabilidad del Estado de Yucatán a través de la Dirección Estatal de Transporte (DTEY) para que en dado caso de otorgar una futura credencialización, ésta sea “sin distinción alguna”, garantizando por escrito la adscripción de todo estudiante universitario, en este caso de la UADY, puesto que por el hecho de ser estudiantes, ya somos dependientes económicamente.
4. Solicitamos que se revoque el decreto en el cual se anula la aceptación de Nuestras Credenciales Estudiantiles en temporada vacacional y fines de semana; pues, consideramos, es una medida que no está acorde con la realidad social de nosotros como estudiantes, en este caso, de la Facultad de Ciencias Antropológicas.
5. Expresamos nuestro interés por dejar las puertas abiertas de la Facultad de Ciencias Antropológicas a la Dirección Estatal del Transporte (DTEY), así como nuestro tiempo de estudiantes para la realización de su estudio socioeconómico siempre y cuando sea de manera anónima y en días escolares hábiles. Medidas que, como estudiantes de Ciencias Sociales, consideramos estrategias éticas, concretas y objetivas dentro de ese tipo de estudios; mismas que, pensamos, evitarían cualquier uso desvirtuado de la información personal, permitiéndoles conocer cuál es la situación económica de los Estudiantes Universitarios en el Estado de Yucatán.

Por último, invitamos a los Estudiantes de las Facultades de la UADY, así como también a los miembros de las instituciones educativas en general a integrarse a estas acciones, de manera que podamos velar por la Autonomía de nuestras decisiones como Estudiantes y como Ciudadanos. Acciones que, garantizan nuestra responsabilidad con la Sociedad y nuestra responsabilidad por asegurarnos de un Servicio de Transporte de Calidad; para no ser solamente copartícipes de estrategias que limitan más aun nuestros derechos Estudiantiles y Ciudadanos.

Hoy más que nunca, estudiantes todos/as.
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY

lunes, 7 de diciembre de 2009

FORO MAYA PENINSULAR DE YUCATAN Y QUINTANA ROO
CONGRESO NACIONAL INDIGENA (C N I)

LLAMA A PARTICIPAR EN LA

M A R CH A

POR LA UNIDAD DE ACCION Y LUCHA CONJUNTA CON EL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS (SME)

EN LA CIUDAD DE VALLADOLID, YUCATAN.
DOMINGO 13 DE DICIEMBRE
A LAS 10:00 HORAS
DEL PARQUE DE SANTA LUCIA (calle 27 x 42) AL CENTRO.

• EXIGIMOS LA DEROGACIÓN INMEDIATA DEL DECRETO DE EXTINCIÓN DE LyFC; LA SALIDA DE LAS FUERZAS POLICIACAS Y MILITARES DE LOS CENTROS DE TRABAJO DE LOS ELECTRICISTAS; EL REGRESO DEL EJÉRCITO A SUS CUARTELES Y EL RETORNO INMEDIATO A LA LEGALIDAD CONSTITUCIONAL.
• DEMANDAMOS EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE SAN ANDRES SACAMCHEN DE LOS POBRES FIRMADOS POR EL EZLN Y LOS PUEBLOS INDIGENAS DE MEXICO.
• NO A LOS MEGAPROYECTOS NEOLIBERALES EN LAS ZONAS ARQUEOLOGICAS Y EN LAS TIERRAS Y TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE YUCATAN Y QUINTANA ROO.

NI UNA LUCHA AISLADA MÁS:
TODOS A PREPARAR LA HUELGA NACIONAL

“QUE TODOS SE LEVANTEN, QUE CAMINEN TODOS,
QUE NO HAYA UNO NI DOS QUE SE QUEDE ATRÁS” POPOL VUH.
Foromayapeninsular@yahoo.com.mx zacihualmay@yahoo.com.mx
Guillermo May Correa. 01 985 8562895 / 01 55 5271 8552
Campeche: Represión y resistencia

Juan Cristóbal León Campos

El hermano Estado de Campeche es ejemplo de las injusticias y de la impunidad que se vive en nuestro país. El 13 de agosto pasado, los pobladores de San Antonio Ebulá (pueblo fundado hace más de 40 años) fueron desterrados por parapolicías (vándalos) pagados por el empresario Eduardo Escalante quien se arroga la propiedad de las tierras, siendo resguardados por cerca de cien elementos de la Policía Estatal Preventiva de Campeche. Los ebuleños fueron golpeados y expulsados de su tierra; sus viviendas y pertenencias fueron destruidas y saqueadas; sus animales fueron sacrificados por los saqueadores, e incluso los árboles fueron talados, privando a las familias de sus medios de subsistencia.
Como respuesta los ebuleños realizaron un plantón en los bajos del Palacio de Gobierno de Campeche, por más de 41 días. Gracias a la solida resistencia y al apoyo que ha recibió nacional e internacionalmente, el Pueblo de Ebulá a logrado recuperar 31 hectáreas de sus tierras. Pero la lucha aún continua hasta que todas las tierras estén en manos de sus dueños, y los daños sean reparados.

Otro caso de injusticia es el que se vive en el municipio de Candelaria, donde más de 3,500 pobladores de 35 comunidades han conformado el Movimiento Contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica para resistir los abusos de la empresa paraestatal. Su lucha lleva más de 3 años, en los cuales han realizado diversas acciones de rechazo y denuncia en contra de los abusos económicos efectuados por la CFE. Por lo que el gobierno campechano con los oídos cerrados en su totalidad a las demandas populares, detuvo desde el 10 de junio a 5 integrantes de este justo movimiento. Hasta la fecha han sido liberados Guadalupe Lizcano y Elmer Castellanos gracias a la movilización social y a la solidaridad nacional e internacional mediante el pago de fianzas con un monto de $4,000, permaneciendo bajo proceso jurídico. Mientras tanto, siguen encarcelados Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja.
Las acusaciones en su contra son totalmente falsas, pues lo único que han hecho es luchar por una mejor condición de vida para los campechanos. Ante estas injusticias y frente a la impunidad que gozan quienes las cometen, es necesario organizar la solidaridad y al apoyo a nuestros hermanos campechanos. Para exigir juntos;

¡Libertad a los Presos Políticos!
¡Castigo a los autores intelectuales y materiales!
¡Justicia, Tierra y libertad!
Chiapas: la otra guerra de tinta e Internet

Luis Hernández Navarro

En abril de 1995, José Ángel Gurría, entonces secretario de Relaciones Exteriores, declaró que el zapatismo era una guerra de tinta e Internet. Ahora, 14 años después, son los gobiernos federal y de Chiapas los que han lanzado una gran ofensiva de de-sinformación en contra de los rebeldes, los grupos defensores de derechos humanos y los movimientos sociales disidentes en ese estado.
La actual estrategia de comunicación gubernamental se inscribe en la arena de la “guerra de redes” (netwar). Según los analistas de la RAND, Arquilla y Ronfeldt, “Netwar se refiere a conflictos relacionados con la información en un nivel alto entre naciones o sociedades. Significa tratar de alterar, dañar o modificar lo que una población objetivo sabe, o piensa que sabe, acerca de ella misma y el mundo que la rodea. Una ‘guerra de redes’ puede enfocarse en la opinión pública, de las elites, o en ambas. Puede incluir medidas diplomáticas públicas, propaganda y campañas sicológicas, subversión política y cultural, engaños a, o interferencia con los medios, infiltración en redes de computadoras y bases de datos y esfuerzos para promover movimientos disidentes u opositores mediante redes de cómputo”.

Esto es precisamente lo que el Estado mexicano ha hecho durante las semanas recientes en el estado sureño. La lista de provocaciones es enorme: detención y asesinato de opositores sociales, promoción de una campaña de rumores anunciando un nuevo levantamiento armado, intento de difamar al zapatismo divulgando falsamente una solicitud de apoyo económico de las juntas de buen gobierno hacia el Congreso local, liberación de paramilitares responsables de la matanza de Acteal e incremento de la presencia militar. Todo ello montado en una campaña en medios de comunicación para ocultar los hechos, a pesar de las evidencias.

Con el gobierno de Juan Sabines los grupos de poder tradicionales se han recompuesto. Caciques, finqueros, ganaderos y la más rancia nomenclatura política priísta ocupan posiciones claves en la administración pública, en el Congreso local y en San Lázaro. Varios participan en los grandes negocios locales asociados con personajes del ámbito federal.

No importa que este gobernador haya ganado la jefatura del Ejecutivo del estado como candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Él es uno de los gobernadores más cercanos al Presidente de la República. “Estamos con México y su presidente Felipe Calderón”, ha dicho en más de una ocasión. En Chiapas, el hombre de Los Pinos se siente más cómodo que un muchas de las entidades gobernadas por el Partido Acción Nacional (PAN).

Juan Sabines maneja la vida interna de ese instituto político a su antojo: quita y pone dirigentes y candidatos. En ese estado, el sol azteca se ha convertido, en mucho, en el partido de los paramilitares.

La estrategia de comunicación de la administración estatal tiene dos pies: uno es el uso intensivo de televisoras y radio para “promover” Chiapas; el otro es una política de contrainsurgencia informativa, orquestada a partir del control de la prensa local y la divulgación en los medios nacionales de las posiciones de la administración de Sabines sobre asuntos conflictivos suscitados en la entidad.

En la versión chiapaneca contemporánea de “pan y circo”, cotidianamente se filman capítulos de telenovelas, músicos consagrados graban discos y artistas de éxito se placean por ruinas, monumentos históricos y bellezas naturales. Los visitantes famosos son entrevistados en los medios de comunicación locales.

Aunque formalmente la guerra de papel contra el zapatismo y contra todo aquel que no quiera subordinarse a la política de “concertación” estatal es conducida por el Ejecutivo local, parte de la estrategia ha sido trazada desde el gobierno federal. Diego Cadenas, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, asegura tener información confiable de que en las reuniones semanales del gabinete del gobierno de Juan Sabines siempre están presentes militares.

El más reciente eslabón de esta ofensiva informativa es la versión de que las juntas de buen gobierno solicitaron “reconocimiento” al Congreso local y al gobierno de Juan Sabines, hecho tan insólito como irreal. La mentira gubernamental tiene un objetivo central: deslegitimar la lucha zapatista, quitarle credibilidad a su propuesta. La maniobra es una grave ofensa. A pesar de la precariedad en que las comunidades en resistencia viven desde hace muchos años, han rechazado sistemáticamente cualquier tipo de ayuda gubernamental. Su dignidad no tiene precio, y así lo han mostrado al mundo.

No es la primera ocasión en la historia del conflicto en que las autoridades recurren a un montaje similar. Entre 1999 y 2000, siendo gobernador interino del estado Roberto Albores Guillén –estrecho aliado de Juan Sabines– se montó un show televisado en el que se anunció la deserción de 15 mil zapatistas que entregaron armas y pasamontañas. Los desertores eran militantes del PRI, varios de ellos paramilitares. Uno de los principales organizadores de esta ópera bufa fue Noé Castañón León, a la sazón titular del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien, curiosamente, es hoy secretario del gobierno chiapaneco.

La guerra de tinta e Internet contrainsurgente ha creado una situación política muy delicada en Chiapas. A ver si los gobiernos siguen jugando con fuego.

La Jornada, 1 de diciembre de 2009

jueves, 24 de septiembre de 2009

Evento sobre Tlatelolco en Mérida


Movilización en Campeche por la Tierra y la Libertad


¡Libertad a los Presos Políticos de Candelaria!
¡Regreso de sus tierras al pueblo de San Antonio Ebulá!
¡Justicia, Tierra y Libertad!
Honduras: ¿el principio del fin?
Zelaya ya está en Tegucigalpa y su ingreso a Honduras, burlando las “medidas de seguridad” instaladas a lo largo de la frontera, debería marcar el comienzo del fin del régimen golpista. Son varias las razones que fundamentan esta esperanza, que sucintamente se exponen a continuación.

Primero, porque los gorilas hondureños y sus instigadores y protectores en Estados Unidos (principalmente en el Comando Sur y el Departamento de Estado) subestimaron la masividad, intensidad y perseverancia de la resistencia popular que día tras día, sin desmayos, manifestaría su oposición al golpe de estado. En realidad tamaño rechazo no estaba en los cálculos de nadie, si nos atenemos a la historia contemporánea de Honduras. Pero el nuevo rumbo decidido por Zelaya: su positiva respuesta ante largamente postergados reclamos populares y la reorientación de su inserción internacional en el marco del ALBA tuvieron un efecto pedagógico impresionante y desencadenaron una reacción popular inesperada para propios y ajenos.

Segundo: el régimen golpista demostró ser incapaz de romper un doble aislamiento. En el frente interno, quedando cada vez más en evidencia que su base social de sustentación se reducía a la oligarquía y algunos grupos subordinados a su hegemonía, incluyendo los medios de comunicación dominados sin contrapeso por el poder del capital. Además, el paso del tiempo lejos de debilitar la resistencia popular lo que hizo fue acotar cada vez más el apoyo social al régimen. En el flanco internacional el aislamiento de Micheletti y su banda es casi absoluto: salvo poquísimas excepciones toda la América Latina y el Caribe retiró sus embajadores, y lo propio hicieron varios de los países más gravitantes de Europa. La misma OEA adoptó una línea dura en contra del régimen y, a poco andar, el único apoyo externo con que contaba el gobierno provenía de Estados Unidos. Este sin embargo, siguió una trayectoria declinante que se fue acentuando con el paso del tiempo: desde la negación de visados al personal diplomático acreditado en Washington hasta medidas cada vez más exigentes en contra del propio Micheletti y sus colaboradores.

Tercero, porque las ambiguas políticas del gobierno de Estados Unidos -producto de la puja interna dentro de la administración- que facilitaron la perpetración del golpe de estado fueron lentamente definiéndose en una dirección contraria a los intereses de los usurpadores. Si el inicial rechazo al golpe manifestado por Obama fue luego atenuado y entibiado por su antigua (¿y actual?) rival, la Secretaria de Estado Hillary Clinton, el carácter indisimulablemente retrógrado de Micheletti y su entorno así como la interminable sucesión de exabruptos e insultos dirigidos a Obama cada vez que la Casa Blanca expresaba alguna crítica a Tegucigalpa y su manifiesta incapacidad para construir una base social, fueron lentamente inclinando el fiel de la balanza en contra de las posturas amadrinadas por la Secretaria de Estado y creando una atmósfera cada vez más antagónica en relación a los golpistas.

Cuarto y último: el régimen instaurado el 28 de Junio constituye un serio dolor de cabeza para Obama. En primer lugar, porque desmiente enfáticamente sus promesas de fundar una nueva relación entre Estados Unidos y los países del hemisferio. El apoyo inicial al golpe, puesto de manifiesto en la obstinada resistencia de Washington a caracterizarlo como un “golpe de estado”, la tibieza de la respuesta diplomática y la indiferencia ante las gravísimas violaciones a los derechos humanos perpetrada por Tegucigalpa dañó seriamente la imagen que Obama quería establecer en América Latina y el Caribe. La continuidad del régimen golpista haría aparecer a Obama como un político irresponsable y demagógico o, peor aún, como alguien incapaz de controlar lo que hacen y dicen sus subordinados en el Pentágono, el Comando Sur y el Departamento de Estado. Y esto se liga con otro asunto, el segundo, sumamente importante y que excede el marco de la política hemisférica: su credibilidad en la arena internacional. Al demostrar su impotencia para controlar lo que ocurre en su “patio trasero” los gobernantes de otros países –especialmente la China, Rusia y la India- tienen razones para sospechar que tampoco será capaz de controlar a los sectores más belicistas y reaccionarios de Estados Unidos, para quienes sus promesas de alentar el multilateralismo equivalen a una capitulación incondicional ante sus odiados enemigos.

Esto es particularmente grave en momentos en que Obama está negociando con Rusia un nuevo acuerdo para reducir el arsenal nuclear de ambos países, algo que Washington necesita tanto o más que Moscú debido a la hemorragia económica producida por las guerras en Irak y Afganistán y al incontenible déficit fiscal norteamericano. El fracaso de este acuerdo tendría un costo económico enorme sobre el presupuesto público en momentos en que ese dinero se necesita para aventar los riesgos de una profundización de la crisis económica estallada en el 2008. Pero para persuadir a los rusos de que su plan de reducción de armamentos es viable tiene primero que demostrar que está en control de la situación y que sus halcones dentro del Pentágono no le quebrarán la mano. Cada día que permanezca Micheletti en el poder equivale a un mes más de difíciles conversaciones con Medvedev y Putin para convencerlos de que sus promesas se traducirán en hechos. Porque, si no puede controlar a los suyos en Honduras, ¿podrá hacerlo cuando se trate de una cuestión estratégica y vital para la seguridad nacional de Estados Unidos?
Tomado de Kaosenlared.net
Reflexiones del comapñero Fidel
Allí se engendra una revolución

El pasado 16 de julio dije textualmente que el golpe de Estado en Honduras “fue concebido y organizado por personajes inescrupulosos de la extrema derecha, que eran funcionarios de confianza de George W. Bush y habían sido promovidos por él.”

Cité los nombres de Hugo Llorens, Robert Blau, Stephen McFarland y Robert Callahan, embajadores yankis en Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, nombrados por Bush los meses de julio y agosto de 2008 y que los cuatro seguían la línea de John Negroponte y Otto Reich, de tenebrosa historia.

Señalé la base yanki de Soto Cano como punto de apoyo principal del golpe de Estado y que “la idea de una iniciativa de paz a partír de Costa Rica fue transmitida al Presidente de ese país desde el Departamento de Estado cuando Obama estaba en Moscú y declaraba, en una universidad rusa, que el único Presidente de Honduras era Manuel Zelaya”. Añadí que “con la reunión de Costa Rica se cuestionaba la autoridad de la o­nU, la OEA y demás instituciones que comprometieron su apoyo al pueblo de Honduras y lo único correcto era demandar del Gobierno de Estados Unidos el cese de su intervención en Honduras y retirar de ese país la Fuerza de Tarea Conjunta.”

La respuesta de Estados Unidos, tras el golpe de Estado en ese país de Centroamérica, ha sido pactar con el Gobierno de Colombia un acuerdo para crear siete bases militares, como la de Soto Cano, en ese hermano país, que amenazan a Venezuela, Brasil y todos los demás pueblos de Suramérica.

En un momento crítico, cuando se discute en una reunión cumbre de Jefes de Estado en Naciones Unidas la tragedia del cambio climático y la crisis económica internacional, los golpistas en Honduras amenazan con violar la inmunidad de la Embajada de Brasil, donde se encuentra el presidente Manuel Zelaya, su familia y un grupo de sus seguidores que fueron obligados a protegerse en ese recinto.

Está probado que el gobierno de Brasil no tuvo absolutamente nada que ver con la situación que allí se ha creado.

Es por tanto inadmisible, más aún inconcebible, que la Embajada brasileña sea asaltada por el gobierno fascista, a no ser que pretenda instrumentar su propio suicidio, arrastrando el país a una intervención directa de fuerzas extranjeras como ocurrió en Haití, lo que significaría la intervención de tropas yankis bajo la bandera de Naciones Unidas. Honduras no es un país lejano y aislado en el Caribe. Una intervención de fuerzas extranjeras en Honduras desataría un conflicto en Centroamérica y crearía un caos político en toda América Latina.

La heroica lucha del pueblo hondureño, después de casi 90 días de incesante batallar, ha puesto en crisis al gobierno fascista y pro yanki que reprime a hombres y mujeres desarmados.

Hemos visto surgir una nueva conciencia en el pueblo hondureño. Toda una legión de luchadores sociales se ha curtido en esa batalla. Zelaya cumplió su promesa de regresar. Tiene derecho a que se le restablezca en el Gobierno y presidir las elecciones. De los combativos movimientos sociales están destacándose nuevos y admirables cuadros, capaces de conducir a ese pueblo por los difíciles caminos que les espera a los pueblos de Nuestra América. Allí se engendra una Revolución.La Asamblea de Naciones Unidas puede ser histórica en dependencia de sus aciertos o errores.

Los líderes mundiales han expuesto temas de gran interés y complejidad. Ellos reflejaron la magnitud de las tareas que la humanidad tiene por delante y cuán escaso es el tiempo disponible.
Fidel Castro Ruz
Septiembre 24 de 2009
1 y 23 p.m.
Reflexiones del compañero Fidel
EL OBAMA SERIO


El presidente bolivariano Hugo Chávez fue realmente original cuando habló del “enigma de los dos Obamas”.

Hoy habló el Obama serio. Hace poco reconocí dos aspectos positivos de su conducta: el intento de llevar la salud a 47 millones de norteamericanos que carecen de ella, y su preocupación por el cambio climático.

Lo que ayer expresé sobre la amenaza inminente que se cierne sobre la especie humana, podría parecer pesimista, pero no se aleja de la realidad. Está por conocerse ahora la opinión de muchos Jefes de Estado sobre el tema ignorado y olvidado del cambio climático.

Obama fue el primero en emitir su opinión como país sede de la Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre ese tema.

¿Qué dijo? Transcribo las palabras esenciales de sus pronunciamientos:

“Reconocemos que la amenaza contra el planeta es seria y creciente.”

“La respuesta a este reto ambiental será juzgada por la historia.”
“No hay nación, por grande o pequeña que sea, que escape al impacto del cambio climático.”
“Cada día aumentan las mareas altas que azotan las líneas costeras, tormentas e inundaciones más fuertes amenazan nuestros continentes.”

“La seguridad y estabilidad de todas nuestras naciones peligran.”

“Hemos puesto el clima en el tope de las prioridades de nuestra agenda internacional, de China a Brasil, de India a México, África y Europa.”

“Uniéndonos, estos pasos son significativos.”

“Entendemos la gravedad de la situación y estamos determinados a actuar.”

“Pero no vinimos hoy aquí a celebrar progresos.”

“Queda mucho trabajo por hacer.”

“Y ese trabajo no será fácil.”

“Notamos que la parte más difícil del recorrido está frente a nosotros.”

“Esto ocurre en momentos en que la prioridad para muchos es revivir las economías.”

“Todos enfrentamos dudas en cuanto al desafío climático.”

“Las dificultades y las dudas no son excusas para no actuar.”

“Cada uno de nosotros debe hacer su parte para que nuestras economías crezcan sin poner en peligro el planeta.”

“Debemos hacer de Copenhague un paso significativo de avance en cuanto al debate climático.”

“Tampoco debemos permitir que viejas divisiones obstaculicen la búsqueda de soluciones, unidos.”
“Las naciones desarrolladas han causado la mayor parte del daño y deben asumir su responsabilidad.”

“No sobrepasaremos este reto a menos que nos unamos.”

“Sabemos que estas naciones, especialmente las más vulnerables, no tienen los mismos recursos para combatir los retos climáticos.”

“El futuro no es una opción entre crecimiento económico y planeta limpio, porque la supervivencia depende de ambos.”

“Tenemos la responsabilidad de proveer ayuda financiera y técnica a estas naciones.”
“Buscamos un pacto que permita aumentar la calidad de vida de los pueblos, sin afectar al planeta.”

“Sabemos que el futuro depende de un compromiso global.”

“Pero el camino es largo y duro y no tenemos tiempo para hacer el recorrido.”

El problema ahora es que todo lo que afirma está en contradicción con lo que Estados Unidos viene haciendo desde hace 150 años, particularmente desde que, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, impuso al mundo el acuerdo de Bretton Woods y se convirtió en amo de la economía mundial.

Los cientos de bases militares instaladas en decenas de países de todos los continentes, sus portaaviones y sus flotas navales, sus miles de armas nucleares, sus guerras de conquista, su complejo militar industrial y su comercio de armas, son incompatibles con la supervivencia de nuestra especie. Las sociedades de consumo y el despilfarro de los recursos materiales son igualmente incompatibles con la idea del crecimiento económico y un planeta limpio. El derroche ilimitado de recursos naturales no renovables, especialmente el petróleo y el gas, acumulado durante cientos de millones de años y que en apenas dos siglos se agotarán al ritmo actual de consumo, han sido las causas fundamentales del cambio climático. Aun cuando se reduzcan los gases contaminantes en los países industrializados, lo que sería loable, no es menos cierto que 5 mil 200 millones de habitantes del planeta Tierra, es decir, las tres cuartas partes de la población, viven en los países que en mayor o menor grado están por desarrollar, los cuales demandarán enormes consumos de carbón, petróleo, gas natural y otros recursos no renovables que, de acuerdo con patrones de consumo creados por la economía capitalista, son incompatibles con el objetivo de salvar la especie humana.

No sería justo culpar al Obama serio del mencionado enigma por lo ocurrido hasta hoy, pero es menos justo todavía que el otro Obama nos hiciera creer que la humanidad pueda preservarse bajo las normas que hoy prevalecen en la economía mundial.

El Presidente de Estados Unidos admitió que las naciones desarrolladas han causado la mayor parte del daño y deben asumir la responsabilidad. Fue sin dudas un gesto valiente.

Sería justo reconocer también que ningún otro Presidente de Estados Unidos habría tenido el valor de decir lo que él dijo.

Fidel Castro Ruz
Septiembre 22 de 2009
6 y 14 p.m.

Solidaridad con la resistencia campechana desde Yucatán

Solidaridad con el pueblo campechano

El hermano Estado de Campeche es ejemplo de las injusticias y de la impunidad que se vive en nuestro país. Desde el 13 de agosto pasado, los pobladores de San Antonio Ebulá (pueblo fundado hace más de 40 años) fueron desterrados por parapolicías (vándalos) pagados por el empresario Eduardo Escalante quien se arroga la propiedad de las tierras, resguardados por cerca de cien elementos de la Policía Estatal Preventiva de Campeche. Los ebuleños fueron golpeados y expulsados de su tierra; sus viviendas y pertenencias fueron destruidas y saqueadas; sus animales fueron sacrificados por los saqueadores, e incluso los árboles fueron talados, privando a las familias de sus medios de subsistencia. Desde ese día los ebuleños se encuentran en plantón permanente a las afueras del palacio de gobierno de Campeche.

Otro caso de injusticia es el que se vive en el municipio de Candelaria, donde más de 3,500 pobladores de 35 comunidades han conformado el Movimiento Contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica para resistir los abusos de la empresa paraestatal, su lucha lleva más de 3 años, en los cuales han realizado diversas acciones de rechazo y denuncia en contra de los abusos económicos efectuados por la CFE. Por lo que el gobierno campechano con los oídos cerrados en su totalidad a las demandas populares, detuvo desde el 10 de junio a 5 integrantes de este justo movimiento. Hasta la fecha han sido liberados Guadalupe Lizcano y Elmer Castellanos gracias a la movilización social y a la solidaridad nacional e internacional mediante el pago de fianzas con un monto de $4,000, permaneciendo bajo proceso jurídico. Mientras tanto, siguen encarcelados Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja. Las acusaciones en su contra son totalmente falsas, pues lo único que han hecho es luchar por una mejor condición de vida para los campechanos.

Ante estas injusticias y frente a la impunidad que gozan quienes las cometen, te invitamos a sumarte a la solidaridad y al apoyo a nuestros hermanos campechanos. Exijamos juntos:

¡Libertad a los Presos Políticos!
¡Retorno del pueblo de Ebulá a sus tierras!
¡Castigo autores intelectuales y materiales!
¡Justicia, Tierra y libertad!

El 22 de sepriembre liberaron bajo fianza a Elmer Castellanos y doña Guadalupe Lizcano, integrantes de la Resistencia Civil del No Pago a las Altas Tarifas Eléctricas de Candelaria y adherentes a la Otra Campaña, quienes se encontraban encarcelados en calidad de Presos Políticos.

La presión política ejercida a lo largo de dos meses, el Encuentro nacional solidario por su liberación, así como las diversas presiones sociales que se han venido incrementando a partir del pasado 15 de septiembre, pensamos influyeron en la decisión tomada por el Juez Unitario, pero no ha sido suficiente puesto que Sara López, Joaquín Aguilar y Don Lupe borja siguen presos y por lo tanto ratificado su auto de formal prisión.

Recordemos que estos compañeros fueron injustamente acusados de "Privación ilegal de la libertad de un funcionario público", por lo que fueron víctimas de un operativo violento el pasado 10 de julio, por lo que las movilizaciones por su liberación comenzaron y han ido incrementando gracias al apoyo de los adherentes de la Otra Campaña en el país, a otras agrupaciones solidarias y a la simpatía que ha generado la lucha que desencadenan desde hace más de 3 años los compañeros en la Resistencia.

Los 3 compañeros que permanecen presos son quienes originalmente tenían la demanda por delito grave de "Privación de la libertad", y los recién liberados eran testigos claves en el juicio a su favor, por lo que con una serie de irregularidades fueron puestos bajo arresto y señalados como culpables también de este delito falso, al igual que 27 compañeros más que no fueron detenidos.

Aunque es gratificante ver a nuestros compañeros Elmer y Lupe fuera de la cárcel, lo cierto es que la batalla apenas comienza, puesto que nos quedan 3 presos por liberar y una lucha por una tarifa social y justa que sostener. El compromiso queda a todos los que somos adherentes a la Otra Campaña en Campeche y el país, pues estos son nuestros presos y si nos tocan a uno, nos tocan a todos.


Juventud Comunista de México en Campeche

Partido de los Comunistas, delegación Campeche.

P.D. La cantidad que se pagó en fianza fue de $4,000 por cada compa, recolectado de los compañeros de la propia Resistencia, por lo que se pide el apoyo económico a quien desee solidarizarse para recuperar el gasto.
La cuenta para depositar apoyos es: Banco Azteca - 52770180743774 - a nombre de Emanuel Lara López
Para depositar desde otro banco hay que dar el número de clabe> > 127052001807437748

Estando reunidos en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, las organizaciones, movimientos, comunidades y colectivos de los estados de Oaxaca, Chiapas, Campeche, Veracruz, Nayarit, Puebla, Yucatán, Estado de México y Distrito Federal hacemos del conocimiento de la sociedad mexicana y de los medios de comunicación lo siguiente:

1. Nos hemos dado cita en esta ciudad con la finalidad de manifestarnos pública y enérgicamente exigiendo la liberación de Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez, Elmer Castellanos Velázquez, Guadalupe Borjas Contreras y Guadalupe Lizcano Gómez, integrantes de la “Resistencia del No pago a las altas tarifas de la energía eléctrica” de Candelaria, Campeche, detenidos injusta e ilegalmente el pasado 10 de julio del presente año.

2. A nuestros compañeros y compañeras se les acusa injustamente de dos delitos que no cometieron, a partir de una denuncia de la Comisión Federal de Electricidad en donde se declararon hechos falsos y se intimidó a los testigos para que acusarán a nuestros compañeros y a 27 personas más. La Procuraduría General de la República fabricó un expediente y solicitó más de una treintena de órdenes de aprehensión contra varios integrantes de la Resistencia de Candelaria con la clara intención de intimidarlos y castigarlos.

3. Desde el momento de su detención hemos denunciado y probado que las acusaciones son falsas y que nuestros compañeros y compañeras son presos políticos y de conciencia porque han sido privados de su libertad por defender los derechos del pueblo y por seguir adelante en la lucha de sus justas demandas.

4. La Justicia cuando no es pronta, deja de ser justicia, y el día de hoy los presos de Candelaria se mantienen presos al interior del penal de San Francisco de Koben porque el Magistrado Unitario de Circuito con sede en esta ciudad, infringiendo flagrantemente la Ley, no ha resuelto la apelación interpuesta debidamente por la defensa, a pesar de que la fecha para que resolviera venció el 26 de agosto. Por lo tanto le exigimos que resuelva dicha apelación y que actúe conforme a la Ley para dejar en libertad inmediata y absoluta a nuestras compañeras y compañeros.

5. Exigimos a la Procuraduría General de la República que se desista de las acciones penales presentadas contra los miembros de la Resistencia civil de Candelaria, que deje de interponer recursos de revisión contra los Amparos que se han venido concediendo a nuestros compañeros y sobre todo que deje de intimidar, hostigar, amenazar y amedrentar a las y los luchadores sociales de Campeche.

6. La actuación de las instituciones federales tanto de procuración como de impartición de justicia han violentado los derechos humanos de nuestros compañeros y compañeras, han colocado en una situación de riesgo a decenas de compañeros más y sobre todo han sido claras en criminalizar la resistencia civil y cualquier otra forma de organización que pretenda defender los derechos del pueblo.

7. A partir de este día y hasta que nuestros compañeros sean puestos en libertad y exonerados de todos los cargos anunciamos que estaremos realizando una serie de movilizaciones, marchas, actos de tomas de edificios públicos, bloqueos de carreteras, y cualquier otra acción de fuerza y presión que sea determinada por las organizaciones y comunidades que suscriben este pronunciamiento para demostrarle al Gobierno Federal que la lucha de Candelaria es una lucha nacional y que ellos y ellas no están solos.

8. Anunciamos que no permitiremos que se detenga a ningún otro compañero o compañera integrante de la resistencia de Candelaria y que haremos frente como Encuentro Nacional a cualquier intento de detención que se pretenda desarrollar en las próximas semanas.

9. De igual manera, este Encuentro se solidariza con la lucha de los habitantes de San Antonio Ebulá y le exige a las autoridades del Gobierno del Estado de Campeche que interceda para resolver este conflicto con una propuesta seria, convincente y que atienda a las necesidades reales y concretas de los afectados y que no solamente sea transmisor de la propuesta del empresario Eduardo Escalante.

10. El Gobierno del Estado debe asumir su responsabilidad plena en este conflicto y garantizar la reparación del daño a todas las familias así como garantizar el desistimiento de todos los procedimientos penales iniciados contra nuestros compañeros y compañeras de Ebulá, como una muestra de la intencionalidad de sus acciones y para sentar las condiciones mínimas necesarias para establecer una mesa formal que atienda las exigencias de fondo de nuestros compañeros y compañeras desalojados injustamente. A las autoridades estatales y federales, les reiteramos que nuestra lucha es una lucha justa, que nuestra defensa por los derechos del pueblo mexicano seguirá adelante y que irá creciendo día a día en todo el país hasta que los gobiernos escuchen nuestros reclamos y los atiendan totalmente.

¡ALTO A LA REPRESIÓN!
¡LIBERTAD A LOS PRESOS Y PRESAS DE CANDELARIA, CAMPECHE!
¡JUSTICIA PARA EL PUEBLO DE SAN ANTONIO EBULA!
¡BASTA DE HOSTIGAMIENTO Y CRIMINALIZACIÓN DE LAS LUCHAS SOCIALES!

Campeche: Resistencia civil contra las altas tarifas de luz de Candelaria; Frente en Defensa de la Tierra del Pueblo de Ebulá; Movimiento de Apoyo Popular Zapatista; Colectivos militantes de la Juventud Comunista de México en Campeche; Coordinadora Nacional Plan de Ayala; Vivienda Digna.
Chiapas: Red Estatal de Resistencia Civil “La Voz de Nuestro Corazón” adherentes a La Otra Campaña; Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa; Las Abejas de Acteal; Comité de Campesinos Pobres; Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC).
Distrito Federal: Partido de los Comunistas; Partido Revolucionario de los Trabajadores; Coordinación Estudiantil UNAM; Organización Tlacaélel; Técnicos en Defensa de la Luz Popular. Estado de México: Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Atenco; Colectivo Estudiantil Universidad Autónoma Chapingo.
Nayarit: Movimiento Popular de Usuarios Oaxaca: Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI); Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS); Movimiento de Resistencia Civil del Istmo.
Puebla: Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ-Puebla) Veracruz: Resistencia civil indígena y popular contra las altas tarifas de energía eléctrica, Sur de Veracruz; Radio Aamay-Iyoltokniwan, La Voz Pura de la Sierra.
Yucatán: Equipo Indignación; La Otra Campaña Peninsular; Movimiento de Cultura Popular.
Nacionales: Red Nacional de Resistencia Civil a las altas tarifas de la energía eléctrica; Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP); Red de radios comunitarias indígenas del Sureste Mexicano; Organización Nacional del Poder Popular (ONPP); Diálogo Nacional; Juventud Comunista de México.

sábado, 12 de septiembre de 2009



El gobierno de Campeche boicotea el Encuentro de Solidaridad por la liberación de los presos políticos del movimiento de resistencia civil contra las altas tarifas de luz de Candelaria y Por la defensa de los derechos de los compañeros desalojados de San Antonio Ebulá, Campeche.

El gobierno del estado de Campeche amenazó a la compañía de autobuses contratada por los compañeros del Movimiento de resistencia de Candelaria para trasladarse al Encuentro y a las compañías de autobuses del municipio de Candelaria y sus alrededores para que tampoco contrataran sus servicios a los compañeros Candelaria, faltando sólo dos días para el inicio del Encuentro que se llevará a cabo en el plantón que mantienen los compañeros del Movimiento de Resistencia de Candelaria y el Frente en defensa de la tierra de San Antonio Ebulá, frente al palacio de gobierno de la ciudad de Campeche. Por lo que los compañeros de Candelaria se encuentran prácticamente inmovilizados para hacer presencia masiva en el Encuentro del 13, 14 y 15 de septiembre.

El municipio de Candelaria se encuentra bastante retirado de la ciudad capital de Campeche y, además de que es muy caro el costo del pasaje, sólo existen dos corridas comerciales a la ciudad de Campeche por día, por lo que sería imposible que todos los compañeros del Movimiento de Candelaria se trasladaran cada quien por su cuenta.

Después de haber impedido el retorno de los desplazados de Ebulá a su pueblo, el gobierno de Campeche vuelve a imponerse con prepotencia, ilegal y descaradamente, sobre los derechos del pueblo campechano.

Denunciamos al gobierno de Campeche por el cinismo y la prepotencia con la que despoja y reprime al pueblo campechano organizado y exigimos que deje de violar los derechos de nuestros compañeros de Candelaria y Ebulá.
¡YA BASTA!

Movimiento de Cultura Popular
Mérida, Yucatán.
Resistencia Civil del No Pago a las Altas Tarifas de Energía Eléctrica
Frente en Defensa de la Tierra del Pueblo de Ebulá
Juventud Comunista de México en Campeche

Presentado en conferencia de prensa hoy viernes 11 de sept, en el plantón.*

Por este medio queremos convocar a toda la sociedad civil de Campeche, la península y el país al “ENCUENTRO NACIONAL POR LA LIBERACIÓN DE L@S PRES@S POLITIC@S DEL MOVIMIENTO DE RESISTENCIA CIVIL CONTRA LAS ALTAS TARIFAS DE LUZ DE CANDELARIA, Y POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE L@S COMPAÑER@S DESALOJAD@S DE SAN ANTONIO EBULÁ, CAMPECHE.”

Se llevará a cabo los días 13 y 14 de septiembre en la capital del estado de Campeche y culminará el día 15 con una marcha para exigir la liberación de los presos políticos de forma inmediata, a menos de que sean liberados antes de esa fecha, entonces determinaremos en el mismo evento cómo concluirlo.

Hasta el momento se tiene confirmada la presencia de representantes de los estados de de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Puebla, DF, Chihuahua, Yucatán, Morelos, Estado de México y del propio municipio de Candelaria, Campeche, de donde viajarían integrantes de la Resistencia.

Ante esto, el gobierno del estado ha comenzado una campaña de boicot e intimidación en la víspera del encuentro. Por un lado, en los municipios de Candelaria y Escárcega, los dueños de las empresas de autobuses de renta recibieron la orden del Gobernador, Jorge Carlos Hurtado, de negar el servicio hasta después del día 15, como ellos mismos declararon ante los compañeros que pretendían contratar el servicio. Esto viola el derecho a libre tránsito.

Por otro lado, una comisión del pueblo de San Antonio Ebulá, que subiera la noche de ayer a dialogar con gobernación, fueron ultimados con que, de no aceptar las condiciones de reubicación que oferta Escalante, se hagan responsables de las consecuencias de sus actos. Esto, consideramos es una amenaza indirecta y el anuncio de un posible desalojo para el día de hoy al plantón que sostienen, tanto los Ebuleños como los de la Resistencia de Candelaria. Esto viola el derecho de libre manifestación.

Sin embargo, con todas las dificultades que nos han sido impuestas de forma autoritaria y las que estén por venir mientras se acercan las fechas, estamos decididos a llevar a cabo este Encuentro y aprovechamos para extender esta invitación a todas las personas y organizaciones que decidan solidarizarse con estas causas que son justas y que, de triunfar, beneficiarían a todos por igual; por un lado obtendríamos una tarifa justa para todos y por el otro, no permitiríamos que la impunidad siga gobernando sobre los ciudadanos sencillos y humildes.

¡Presas y Presos Políticos Libertad!
¡Por una tarifa justa para todas y todos!
¡La tierra no se vende, la tierra se defiende!
¡Viva la Otra Campaña!
C O N V O C A T O R I A

Invitamos a todos los movimientos de resistencia contra las altas tarifas de la energía eléctrica, a todas las organizaciones sociales, indígenas, de mujeres, jóvenes, campesinas, de trabajadores, artistas, intelectuales y a todas las personas de buena voluntad y de pensamiento anticapitalista a participar en el

ENCUENTRO DE SOLIDARIDAD
POR LA LIBERACIÓN DE L@S PRES@S
POLITIC@S DEL MOVIMIENTO DE RESISTENCIA
CIVIL CONTRA LAS ALTAS TARIFAS DE LUZ DE
CANDELARIA, Y POR LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS DE L@S COMPAÑER@S
DESALOJAD@S DE SAN ANTONIO EBULÁ,
CAMPECHE

LOS DIAS 13, 14 y 15 DE SEPTIEMBRE 2009
EN LA CIUDAD DE CAMPECHE, CAMP.
LUGAR: EN LOS BAJOS DEL PALACIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
LA MESA DE REGISTRO ABRIRÁ DESDE LAS 9 AM

(Los días 13 y 14 serán de encuentro y el 15 una gran movilización
Para mas información, comunicarse al correo r_campeche@hotmail.com y miguelvalladaresh@hotmail.com


Convocan: Resistencia civil contra las altas tarifas de luz de Candelaria, Campeche; Red Nacional de Resistencia Civil a las altas tarifas de la energía eléctrica; AMAP; La Otra Campaña Peninsular; Red de radios comunitarias indígenas del Sureste Mexicano; Colectivo Indignación; etc…

Nota: En caso de haber sido liberado l@s compañer@s, se realizará el evento para exigir el respeto a la resistencia civil y a todos los movimientos del Estado de Campeche. Se solicita a los participantes llevar en la medida de lo posible algo de despensa para la alimentación durante el evento y para las personas u organizaciones que se quieran solidarizar financieramente lo pueden hacer depositando en la cuenta del Banco Azteca 52770180743774 a nombre de Emanuel Lara López. Para depositar desde otro banco hay que dar el número de clabe 127052001807437748
La Historia no contada: Héroes Prohibidos
En Caso de los Cinco Cubanos Prisioneros del Imperio


Por Ricardo Alarcón de Quesada
Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular

Tienes que correr todo lo que puedas para mantenerte en el mismo lugar.”
A través del espejo, Lewis Carroll

¿Se acuerdan de Elián?
El caso de Elián González, un niño de seis años forzosamente retenido por desconocidos contra la voluntad de su padre y que en abierto desafío a la ley de los Estados Unidos y de la decencia, fue reportado ampliamente por los medios del mundo. El lugar del secuestro, Miami, se convirtió en un tipo de ciudad secesionista en Norte América, cuando el Alcalde, el jefe de la policía, los políticos, todos los periódicos y anunciadores de la radio y la televisión, junto a instituciones religiosas y empresariales, se unieron con algunos de los más notorios terroristas y grupos violentos para oponerse a la orden de los tribunales y del gobierno, que era liberar al niño.

Fue necesario enviar un equipo de fuerzas especiales desde Washington DC, que se lanzó en una operación subrepticia y rápida para ocupar varias casas, desarmar a individuos que estaban fuertemente armados y escondidos en el barrio, y salvar al niño y restaurar la ley. Todos siguieron la noticia. Día tras día.

Pero casi nadie sabía que, al mismo tiempo, en exactamente el mismo lugar -Miami- otros cinco jóvenes cubanos fueron arbitrariamente desposeídos de su libertad y sujetos a una gran injusticia.

Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González fueron detenidos en la madrugada del sábado 12 de septiembre de 1998, y encarcelados por los próximos 17 meses en celdas de castigo. En solitario. La acusación principal contra ellos, como fue reconocida por los fiscales y el juez desde el acta acusatoria hasta el último día del juicio, fue que ellos habían, pacíficamente, sin armas, penetrado los grupos terroristas anticubanos con el objetivo de informarle a Cuba sobre sus planes criminales.

¿Era concebible que algún revolucionario cubano tuviera un juicio justo en Miami al enfrentarse con este tipo de acusación? ¿Pudiera eso ser posible durante el secuestro de Elián, con el ambiente de violencia, odio y temor que lo rodeaba?

De acuerdo con la Fiscalía, era perfectamente posible. En sus palabras, Miami es una “muy grande, diversa y heterogénea comunidad” capaz de tratar cualquier tema sensible, incluso los que involucran a la Revolución cubana. Los fiscales repitieron esa línea, cuando rechazaron más de diez mociones presentadas por los abogados defensores para cambiar la sede antes del comienzo del juicio.

El mismo gobierno que se vio obligado a tratar a Miami como una especie de ciudad rebelde y a enviar secretamente fuerzas para restaurar la legalidad, mintió repetidas veces sobre el tema de la sede, negándole a los acusados el derecho tan respetado por los americanos, y se rehusó a mover el proceso a la ciudad vecina de Fort Lauderdale, a media hora de Miami. Irónicamente, unos pocos años después, en el 2002, cuando el gobierno fue demandado civilmente en un caso administrativo de mucha menos valía, posteriormente resuelto por un acuerdo fuera de la Corte, y solamente indirectamente relacionado con el caso Elián, el gobierno pidió un cambio de sede a Fort Lauderdale, afirmando que era imposible que cualquier cosa relacionada con Cuba pueda ser juzgado justamente en Miami (Ramírez vs. Ashcroft, 01-4835 Civ-Huck, June 25, 2002).

Esta contradicción flagrante, prueba clara de una mala conducta de la Fiscalía, de prevaricación real, fue uno de los factores principales en los cuales se basó la decisión unánime del panel del Tribunal de Apelaciones, en 2005, para anular las condenas de los Cinco y ordenar un nuevo juicio. (Court of Appeals for the Eleventh Circuit, No. 01-17176, 03-11087).

Esa histórica decisión fue posteriormente revocada por la mayoría del tribunal bajo presión del Fiscal General Alberto Gonzales en una acción contraria a la práctica normal del derecho en Estados Unidos.

La movida exitosa del Sr. Gonzales, una manifestación de su filosofía legal peculiar, cerró la posibilidad de una resolución justa para este caso que hubiese honrado a los Estados Unidos.
La decisión del panel, un documento sólido de 93 páginas que reseñaba hechos irrefutables sobre la guerra terrorista de medio siglo contra Cuba, sigue siendo un momento sobresaliente en la mejor tradición norteamericana y perdurará como un texto que analizarán con respeto académicos y estudiantes de Derecho.

Pero eso es otro capítulo en la larga saga de los Cinco.

En cuanto a Elián González, él está a punto de completar el preuniversitario y continúa atrayendo la atención de los medios extranjeros y los visitantes que van a Cárdenas, el precioso pueblo donde vive. Cuando ellos viajan hacia la casa de Elián, los sorprenden carteles que demandan la libertad de Cinco jóvenes que seguramente los visitantes no conocían hasta ese momento.

En las palabras de Leonard Weinglass:

“El juicio fue mantenido en secreto por los medios de prensa norteamericanos. Es inconcebible que el juicio más largo en los Estados Unidos hasta el momento en que este tuvo lugar fue cubierto solamente por la prensa local de Miami, particularmente cuando fueron llamados a testificar por la defensa generales y un almirante, así como un asesor de la Casa Blanca. ¿Dónde estaban los medios de prensa norteamericanos durante seis meses? No solo fue este el juicio más largo, sino también fue un caso que involucraba importantes asuntos de política exterior y terrorismo internacional. La pregunta se le debe hacer a los medios norteamericanos, que continúan negándose a cubrir un caso con tales violaciones de los derechos fundamentales, e incluso violaciones de los derechos humanos de los prisioneros.” (Respuesta de Leonard Weinglass, en el Foro organizado por www.antiterroristas.cu, el 12 de septiembre de 2003.)

A Elián lo salvó el hecho de que los norteamericanos conocieron el caso y se involucraron para que la justicia triunfara. Los Cinco siguen presos -11 años el próximo septiembre- víctimas de una terrible injusticia, porque a los norteamericanos no se les permite conocerlos.

Los Cinco son castigados cruelmente porque lucharon contra el terrorismo. Son héroes, pero son héroes prohibidos.


II. ¡PRIMERO LA SENTENCIA… EL VEREDICTO DESPUÉS!”
Alicia en el país de las maravillas, Lewis Carroll

Habiéndose perdido el cambio de sede, el resultado del juicio de los Cinco ya estaba predeterminado. Siguió estrictamente la profecía de la Reina.

Los medios norteamericanos jugaron un papel muy importante en dos direcciones. Fuera de Miami un silencio total, como describió de forma muy apropiada el abogado Leonard Weinglass, en contraste con el papel que jugaron en el Condado de Dade, ofreciendo ambos, un show de impresionante disciplina.

Los medio locales no solo cubrieron el caso intensamente, sino que intervinieron activamente en él, como si fueran parte de la Fiscalía.

Los Cinco fueron condenados por los medios incluso antes de ser acusados.

Muy temprano en la mañana del sábado 12 de septiembre de 1998, cada medio de comunicación en Miami hablaba sin parar acerca de la captura de unos “terrible” agentes cubanos, “dispuestos a destruir los EEUU” (la frase que la Fiscalía adoraba y repetiría una y otra vez durante todo el proceso). “Espías entre nosotros”, fue el titular esa mañana.

Al mismo tiempo, a propósito, el jefe del FBI en Miami se encontraba con Lincoln Díaz Balart e Ileana Ros-Lehtinen, representantes de la vieja banda de Batista en el Congreso.

Una campaña de propaganda sin precedentes se lanzó contra cinco individuos que no podían defenderse, porque estaban completamente aislados del mundo exterior, día y noche, durante un año y medio, en lo que se conoce en la jerga de la prisión como “el hueco”.

Un circo de los medios ha rodeado a los Cinco desde su detención hasta ahora. Pero solo en Miami. En el resto de los lugares de los EEUU la dura situación de los Cinco solo ha recibido silencio. El resto delpaís no conoce mucho del caso, y se le mantiene en la sombra, como si todo el mundo aceptara que Miami -esa “comunidad muy diversa, y extremadamente heterogénea”, según la descripción del Fiscal- perteneciera efectivamente a otro planeta.

Esto podría haber sido una proposición razonable, si no fuera por algunos hechos vergonzosos que se han descubierto recientemente.

Algunas de las personas de los medios involucradas en la campaña de Miami -”periodistas” y otros-fueron pagados por el gobierno de los EEUU, figuraban en sus nóminas como empleados de la máquina de propaganda anticubana de la radio y la televisión, que ha costado muchos cientos de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses.

Sin saberlo, los estadounidenses se vieron obligados a ser muy generosos, de hecho. Hay una larga lista de “periodistas” de Miami que cubrieron el juicio completo de los Cinco, y, al mismo tiempo, recibían jugosos cheques federales (para conocer más del “trabajo” de estos periodistas consultar el sitio www.freethefive.org).

La decisión de la Corte de Apelaciones en 2005 también brinda un buen resumen de la campaña propagandística, antes y durante el juicio. Esa fue una de las razones que llevó al panel a “anular los veredictos de culpabilidad y ordenar un nuevo juicio”. Miami no era un lugar para tener siquiera apariencia de justicia. Como dijeron los jueces “la evidencia presentada [ante el Tribunal de Miami] respaldando las mociones para cambio de sede fue masiva”. (Court of Appeals for the Eleventh Circuit, No. 01-17176, 03-11087)

Vamos a aclarar algo. Aquí no estamos hablando acerca de periodistas, en el sentido que pueden estar pensando los estadounidenses fuera de Miami. Nos estamos refiriendo a los “periodistas” de Miami, que es algo muy diferente.

Su papel no era publicar las noticias, sino crear un clima que garantizara las condenas. Incluso convocaron manifestaciones públicas fuera de las oficinas donde se reunía la defensa y acosaron a los presuntos miembros del jurado durante la fase anterior al juicio. El tribunal en cuestión, mostró preocupación por la “enorme cantidad de solicitudes de preguntas a realizar durante la selección del jurado con antelación al momento de hacerlas, aparentemente con el objetivo de informar a los oyentes, incluidos los posibles miembros del jurado, acerca de las preguntas antes de que el tribunal las hiciera”.

Estamos hablando sobre un grupo de individuos que acosaron a los miembros del jurado, persiguiéndolos con cámaras, por las calles, filmando las chapas de sus autos y mostrándolas en televisión; los rastreaban hasta adentro del edificio de la Corte, hasta la puerta de la sala del jurado, durante los siete meses completos que duró el juicio, desde el primero hasta el último día.
La jueza Leonard más de una vez protestó y suplicó al gobierno que detuviera una mascarada tan deplorable. Lo estuvo haciendo desde el comienzo del juicio, en varias ocasiones, y hasta el final. No fue escuchada. (Transcripciones oficiles del juicio, p. 22, 23, 111, 112, 625, 14644-14646).

El gobierno no estaba interesado en celebrar un juicio justo. Durante el proceso de selección del jurado, la Fiscalía se dedicó a excluir a la mayoría de los miembros afro-estadounidenses, así como excluyó a los tres individuos que no mostraron tener fuertes sentimientos anticastristas.
Por esa fecha Elián González había sido rescatado, pero permanecía en las mentes de los miembros del jurado. Uno de ellos dijo durante la vista previa de los testigos: “Me preocuparía por la reacción que podría haber…no quiero que sucedan reyertas ni nada parecido a los sucesos del caso de Elián”. O citando a otro: “Si quieren saber la verdad…yo estaría hecho un manojo de nervios, tendría miedo por mi propia seguridad si no regresara con un veredicto de acuerdo con los intereses de la comunidad cubana”. En medio de esa atmósfera de miedo comenzó el mayor juicio hasta el momento en la historia estadounidense, y el que los grandes medios “decidieron” ignorar.

III. EL ROSTRO DE LA IMPUNIDAD
Como reconocieron durante la selección del jurado, el secuestro de Elián González y sus consecuencias para la comunidad estaba muy presente en las mentes de aquellos que serían jurados en el juicio a los Cinco Cubanos unos meses después de que el niño de seis años fuera rescatado por los federales.

Como todo el mundo, ellos habían seguido los hechos relacionados con Elián que saturaron las noticias. Las caras de los secuestradores, de sus promotores y seguidores, así como de otros involucrados en el escándalo se habían vuelto muy familiares para los miembros del jurado. Las caras, y dos detalles del drama de Elián con un carácter único y una conexión directa con el proceso de los Cinco Cubanos.

Primero, la desconcertante conducta de todos los funcionarios públicos de Miami, desde sus congresistas federales, el alcalde y los comisionados hasta los bomberos y los miembros de la fuerza policial, quienes abiertamente se negaron a obedecer la ley y no hicieron nada para ponerle fin al más publicitado caso de abuso infantil ocurrido alguna vez. Y, en segundo lugar, pero no por eso menos increíble, que nada le ocurrió a un grupo de individuos que de forma tan clara había violado a ley con el secuestro de un niño y la violencia y los disturbios que crearon en toda la ciudad cuando fue rescatado por el gobierno federal. Nadie fue procesado, arrestado, ni multado. Ninguna autoridad local fue destituida, sustituida, ni invitada a renunciar.

El caso Elián demostró que la impunidad anticastrista reina en Miami.

Cuando los jurados se sentaron por primera en la sala del tribunal para realizar su deber de ciudadanos ellos probablemente se sorprendieron. Ahí, en vivo, estaban las “celebridades de Miami” a las que ellos estaban tan acostumbrados a ver, día y noche, en la televisión local. Y estaban todos juntos, algunas veces sonriendo y abrazándose unos con otros, como viejos compinches. Los secuestradores y los encargados de “hacer cumplir la ley” en contubernio con los fiscales (esas valientes personas que nunca aparecieron cuando un pequeño niño estaba siendo molestado frente a los medios de prensa).

Los jurados pasaron siete meses en esa habitación mirando a, y siendo observados por las mismas personas tan familiares para ellos y que ahora estaban en el banco de los testigos, en el área del público o en la esquina de la prensa, las mismas personas que ellos van a encontrar frecuentemente en el parqueo, en la entrada del edificio, en los corredores. Algunos de vez en cuando mostrando orgullosamente el atuendo usado en su última incursión militar a Cuba.

Los jurados los escucharon explicar en detalles sus hazañas criminales y decir una y otra vez que ellos no estaban hablando del pasado. Fue un extraño desfile de individuos compareciendo ante una corte judicial y reconociendo sus acciones violentas contra Cuba que fueron planeadas, preparadas y emprendidas desde su propio vecindario.

Ahí, haciendo discursos, exigiendo el peor castigo, difamando y amenazando a los abogados de la defensa.

La jueza hizo lo que pudo para tratar de preservar la calma y la dignidad. Ella realmente le ordenó al jurado, muchas veces, que no considerara ciertos comentarios inapropiados, pero haciendo eso no podían borrarse de las mentes de los jurados sus efectos perjudiciales y aterradores.

Las consecuencias fueron obvias. La decisión del panel de la Corte de Apelaciones lo planteó en términos muy claros: “la evidencia sacó a relucir las actividades clandestinas no sólo de los acusados, sino también de varios grupos de exilados cubanos y de sus campos paramilitares que continúan operando en el área de Miami… La percepción de que estos grupos podían inferir daños a los jurados que emitieran un veredicto desfavorable a sus puntos de vista, era palpable”. (Undécimo Circuito del Tribunal de Apelaciones, No. 01-17176, 03-11087)

Pero hubo más. Después de oír y de ver la abundante evidencia de actos de terrorismo que los acusados habían tratado de evitar, el Gobierno tuvo éxito en defender a los terroristas al lograr que la Corte inexplicablemente estuviera de acuerdo en quitarle al jurado el derecho de exonerar a los Cinco sobre la base del derecho de necesidad que era la base de su defensa.

El corazón de la cuestión, en este caso, fue la necesidad de Cuba de proteger a su pueblo de los intentos criminales de los terroristas que gozan de total impunidad en territorio de los EE.UU. La ley en los Estados Unidos es clara: si se actúa para prevenir un daño mayor, incluso si él/ella viola la ley en el proceso, estará exento de cualquier incriminación porque la sociedad reconoce la necesidad, incluso los beneficios, de ejecutar esa acción.

Estados Unidos, única superpotencia mundial, ha interpretado este principio universal para llevar la guerra a tierras lejanas en nombre de la lucha contra el terrorismo. Pero al mismo tiempo, se negó a reconocerlo para cinco hombres desarmados, pacíficos, no violentos que, en nombre de un país pequeño, sin causar daño a nadie, trataron de evitar las acciones ilícitas de delincuentes que han encontrado refugio y apoyo en los EE.UU..

El gobierno de EE.UU., a través de los fiscales de Miami, fue aún más lejos, hasta lo último, para ayudar a los terroristas. Lo hicieron muy abiertamente, por escrito y con discursos apasionados que curiosamente no se consideran de interés periodístico.

Eso sucedía en el año 2001. Cuando los fiscales del Sur de la Florida y el FBI local estaban muy ocupados castigando duramente a los Cinco y ofreciendo protección a “sus” terroristas, los criminales que ejecutaron el ataque del 11 de Septiembre se estaban entrenando, sin ser molestados y desde hacía bastante tiempo, en Miami. Debieron tener una razón de peso para preferir ese lugar.

IV. EN SUS PROPIAS PALABRAS
Las desproporcionadas condenas impuestas a los Cinco ­ Gerardo Hernández Nordelo (2 cadenas perpetuas mas 15 años), Ramón Labañino Salazar (1 cadena perpetua mas 18 años), Antonio Guerrero Rodríguez (1 cadena perpetua mas 10 años), Fernando González Llort (19 años), y René González Seheweret (15 años) ­ contrastan claramente con las que se han aplicado en años recientes en los EEUU a otras personas acusadas por practicar realmente el espionaje, a veces a escalas inusuales, e incluso en algunos casos vinculadas a acciones armadas violentas en contra de los EEUU. Ninguno de ellos fue condenado a cadena perpetua; todos recibieron sentencias inferiores a las de los Cinco cubanos, algunos ya incluso cumplieron sus sentencias y se encuentran en libertad, y otros, condenados por espionaje, les han sido retirados los cargos por la administración de Obama y han sido liberados.

La naturaleza excesiva de las sentencias de los Cnco constituye una muestra de la motivación política vengativa de todo el juicio, como también lo son las condiciones de su encarcelamiento, incluyendo los muy severos obstáculos para las visitas familiares, que llegan al extremo de haber negado todo el tiempo las visas a las esposas de René y Gerardo.

Sin embargo, hay un aspecto todavía más revelador que demuestra que el propósito del gobierno estadounidense era dar refugio y proteger a los terroristas anti-cubanos, para evitar que se descubrieran sus siniestros planes, convirtiéndose así en cómplice y encubridor de sus futuras atrocidades.

Para la administración Bush, esto era tan importante o más, que los desproporcionados años de encarcelamiento. Esto fue lo que la fiscalía dijo, de manera vehemente y en términos bastante gráficos, cuando solicitó al Tribunal un castigo adicional: la “inhabilitación”.

¿Qué significa esto? En sus propias palabras, para el gobierno era esencial asegurar que estos 5 individuos, luego de cumplir sus condenas, nunca más pudieran hacer nada que pudiese afectar las actividades de los terroristas que operan en Miami bajo la protección del gobierno estadounidense. Para garantizar esto, los fiscales solicitaron, y el tribunal les concedió, disposiciones especiales en cada sentencia, asegurándose de que, luego de completar su período de encarcelamiento, incluso una o más cadenas perpetuas, los acusados queden imposibilitados de hacer aquello que los llevó a la cárcel.

Gerardo, Ramón y Fernando nacieron en Cuba, y como extranjeros indeseables, una vez terminado su tiempo en prisión serán expulsados inmediatamente del territorio estadounidense. Esto fue específicamente incorporado en cada una de sus sentencias, incluida la de Gerardo, que luego de pasar en prisión 15 años de su segunda vida será inmediatamente deportado. (Transcripción de la Audiencia para las Sentencias ante la Honorable Joan A. Lenard, 12 de diciembre de 2001, página 93).

René y Antonio planteaban un problema particular. Habiendo nacido en Chicago y Florida, respectivamente, ambos son ciudadanos estadounidenses por nacimiento, y no pueden ser obligados a abandonar el país. Esto requirió de ideas más imaginativas y de una inspirada retórica por parte de los fiscales, que hicieron gala de ambas.

Era necesaria una explicación más franca y precisa de la “inhabilitación”. Primero vino René, sentenciado “solo” a 15 años. Los fiscales expresaron sin rodeos su grave preocupación con la posibilidad de que un hombre todavía joven, fuera liberado y volviera a intentar hacer de nuevo lo que una vez hizo. El Tribunal, en atención a la preocupación del gobierno, añadió este peculiar requisito a la sentencia de René: “Como una condición especial adicional a la liberación supervisada se le prohíbe al acusado asociarse con o visitar lugares específicos donde se sabe que están o frecuentan individuos o grupos tales como terroristas, miembros de organizaciones que propugnan la violencia o figuras del crimen organizado” (Transcripción de la Audiencia para las Sentencias ante la Honorable Joan A. Lenard, 12 de diciembre de 2001, páginas 45-46).

Entonces llegó el turno de Antonio Guerrero, que ya había recibido una cadena perpetua más 10 años en prisión. Los fiscales tuvieron que emplear todos los recursos de su elocuencia. Para el gobierno la “inhabilitación” era de vital importancia. No podía correr riesgos, y cuando Antonio se enfrentó al Tribunal el 27 de diciembre de 2001, se le añadió a su sentencia, palabra por palabra, la misma “condición especial” impuesta previamente a René.

Todo esto sucedió en diciembre de 2001, solo 3 meses después del horror del 11 de septiembre. Desde ese fatídico día, George W. Bush se hizo famoso exigiendo una guerra masiva contra los terroristas y contra cualquiera que les diera cualquier tipo de ayuda. Solo una cita de su reiterativo discurso: “Cualquier gobierno que apoye, proteja o refugie a terroristas será cómplice en el asesinato de inocentes, e igualmente culpable de crímenes terroristas”.

Tenemos que tomarle la palabra a George W. Bush.

P.D. En octubre de 2011 René González habrá cumplido su condena si la defensa no logra sacarlo antes. En cualquier caso, él estará bajo libertad supervisada durante la actual administración. ¿Intentará el presidente Obama “inhabilitarlo”? ¿Se le prohibirá a René hacer cualquier cosa que moleste a los terroristas donde “se sabe que están o frecuentan”?

V. “ESPÍAS” SIN ESPIAR
La primera acta acusatoria, en septiembre de 1998, inculpaba a los cinco cubanos de ser agentes de Cuba no registrados y de otras violaciones menores. El gobierno también acusó a tres de ellos -Gerardo, Ramón y Antonio- de “conspiración para cometer espionaje” (Cargo 2).
La Fiscalía no acusó a ninguno de ellos de espionaje en sí por una razón muy simple: no existió nada semejante y por lo tanto nunca pudiera ser probado. Los fiscales fueron aún más lejos. En su declaración inicial advirtieron al jurado que no esperara que ellos revelaran ningún secreto ni nada por el estilo. Lo único que tenía que hacer la Fiscalía era “convencer” a los miembros del jurado que los acusados eran personas realmente malas capaces de concebir un intento de poner en peligro la Seguridad Nacional de los Estados Unidos en algún momento de un hipotético futuro. Y, argumentaron, que los acusados tenían que recibir el castigo más severo posible, porque eran unos tipos verdaderamente malos que perturbaban la paz y la tranquilidad de Miami. ¿Recuerdan a Elián?

Para lograr ese objetivo los fiscales, a pesar de lo que su propia acusación decía, hicieron en el juicio declaraciones del tipo más violento, acusando a los Cinco de nada menos que tratar de “destruir a los Estados Unidos” y recordándoles a los atemorizados miembros del jurado que si no los condenaban estarían “traicionando a la comunidad”.

Los medios de comunicación se encargaron del resto. Ellos siempre han presentado a los Cinco Cubanos como “espías”, o como personas acusadas de ser “espías”. Los medios realmente se excedieron en el cumplimiento de su tarea. Siguieron repitiendo la misma cantinela, incluso después de que la Corte de Apelaciones en banc concluyó unánimemente en septiembre de 2008 que no había pruebas de que los acusados hubieran “obtenido o transmitido información secreta” o de que hubieran dañado la Seguridad Nacional de los Estados Unidos y por lo tanto decidió que las sentencias por el Cargo Dos (conspiración para cometer espionaje) eran erróneas, las anuló y decretó que Ramón y Antonio fueran resentenciados. (Undécimo Circuito de la Corte de Apelaciones, No. 01-17176, DC, Docket No. 98-00721-CR-JAL , páginas 70-81).

Sin embargo, a pesar de reconocer que el mismo procedimiento debía aplicarse a Gerardo, en un increíble acto de discriminación judicial, el tribunal se negó a hacerlo aduciendo que una cadena perpetua ya estaba pesando en su contra.

De hecho, era muy fácil darse cuenta de que en este caso no estaba involucrada ninguna información secreta o militar, y que la seguridad nacional de los EE.UU. nunca estuvo afectada. Eso fue lo que dijo el Pentágono, en un lenguaje claro y sencillo antes de que comenzara el juicio. Ese fue el testimonio, bajo juramento, del almirante retirado Eugene Carroll (transcripciones oficiales, páginas 8196-8301), del general de Ejército retirado Edward Breed Atkeson (Idem páginas 11049-11199), del general y ex comandante del Comando Sur Charles Elliot Wilhelm (Idem páginas 11491-11547), y del teniente general retirado de la Fuerza Aérea James R. Clapper (Idem páginas 13089-13235).

Sus testimonios no fueron secretos, sino que fueron hechos voluntariamente en audiencia pública. Probablemente un desfile como ese, de distinguidos y condecorados jefes militares respaldando la inocencia de unos jóvenes revolucionarios cubanos, no había ocurrido anteriormente ante un tribunal de los Estados Unidos. Esto no fue noticia fuera de Miami, pero las transcripciones oficiales del juicio están ahí para el que quiera leerlas.Desde que los Cinco fueran condenados han tenido lugar otros casos, cuyos resultados contrastan claramente con el de ellos. Vamos a examinar muy brevemente algunos.

Khaled Abdel-Latif Dumeisi, acusado de ser un agente no registrado del gobierno de Saddam Hussein. Fue condenado en abril de 2004, en medio de la guerra de Estados Unidos contra Irak, a 3 años y 10 meses de prisión.

Leandro Aragoncillo fue hallado culpable en julio de 2007 de transmitir información secreta de defensa nacional de los Estados Unidos (alrededor de 800 documentos clasificados) obtenidos desde su oficina en la Casa Blanca, donde trabajaba como asistente militar de los vicepresidentes Al Gore y Dick Cheney. El Sr. Aragoncillo fue condenado a 10 años de prisión, mientras que su co-conspirador,

Michael Ray Aquino, recibió una sentencia de 6 años y 4 meses.

Gregg W. Bergersen, un analista del Departamento de Defensa, fue hallado culpable en julio de 2008 de suministrar información de defensa nacional a personas no autorizadas a cambio de dinero y regalos, y fue sentenciado a 4 años y 9 meses de prisión.

Lawrence Anthony Franklin, un coronel de la reserva de la Fuerza Aérea de EE.UU., que trabajaba en el Departamento de Defensa, fue hallado culpable de entregar información clasificada y de defensa nacional, incluyendo secretos militares, a representantes de un gobierno extranjero y fue sentenciado a 12 años y 7 meses de prisión. Sin embargo, nunca entró a una prisión federal. Estaba en libertad mientras apelaba y en mayo pasado el Departamento de Justicia retiró los cargos que sustentaban su caso.

Está de más decir que ninguno de los casos referidos anteriormente fue juzgado en el sur de la Florida, ni involucraba ningún intento de frustrar planes criminales.

Los Cinco recibieron, en conjunto, cuatro cadenas perpetuas más 77 años. Ellos no trabajaban en la Casa Blanca, ni en el Pentágono, ni en el Departamento de Estado. Nunca tuvieron ni trataron de tener acceso a información secreta alguna. Pero hicieron algo imperdonable. Lucharon contra el terrorismo anticubano y lo hicieron en Miami.

VI. ACUSACIÓN À LA CARTE
Más de siete meses después de que los Cinco fueran arrestados y acusados el Gobierno de Estados Unidos presentó un nuevo cargo. También fue de “conspiración”, pero esta vez para cometer asesinato en primer grado y fue presentado específicamente contra uno de los Cinco, Gerardo Hernández Nordelo.

La nueva acusación apareció después de una campaña pública en Miami promovida activamente por “periodistas” en la nómina del Gobierno norteamericano, que incluía reportes acerca de reuniones en lugares públicos donde participaban líderes bien conocidos del exilio cubano, fiscales de Estados Unidos y funcionarios del FBI, en las que se discutía abiertamente la acusación contra Gerardo. Esta se convirtió en un clara demanda de los grupos más violentos de la ciudad y fue el
centro de atención de los medios locales.

El Gobierno accedió al reclamo e introdujo una Segunda Acta Acusatoria Sustitutiva cuya diferencia esencial era la adición de este “crimen” a la lista de cargos contra Gerardo. Esto fue una concesión política a los terroristas anti-cubanos, que buscaban venganza por el derribo por parte de la Fuerza Aérea Cubana, el 24 de febrero de 1996 de dos aviones (Modelo O2 utilizado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, primero durante la guerra en Vietnam y después en El Salvador, como era concretamente el caso con estos dos), piloteados por miembros de un violento grupo anti-cubano, un hecho que había tenido lugar dos años antes de que los Cinco fueran detenidos, cuando esas avionetas estaban dentro del espacio aéreo cubano.

De hecho, el momento escogido era muy sospechoso. DE acuerdo con la información suministrada por el Gobierno en el juicio, el FBI había descubierto la naturaleza real de la misión revolucionaria de Gerardo en Miami y controlaba sus comunicaciones con la Habana al menos desde un par de años antes del derribo de las avionetas. Si ese incidente fue el resultado de una “conspiración”, en la cual Gerardo fue un participante clave, ¿por qué él no fue arrestado en 1996? ¿Por qué este tema no fue ni siquiera mencionado en septiembre de 1998 cuando fue detenido y acusado por primera vez?

Las avionetas pertenecían a un grupo liderado por José Basulto, un veterano agente de la CIA involucrado en muchas acciones paramilitares desde 1959, incluida la invasión de Bahía de Cochinos y una serie de intentos de asesinato a Fidel Castro. En los 20 meses que precedieron al incidente, este grupo había penetrado el espacio aéreo cubano en 25 ocasiones, cada una de ellas denunciada por el gobierno cubano. Después de muchas gestiones diplomáticas el gobierno de Estados Unidos quiso parecer receptivo. Inició una investigación acerca de esos vuelos, solicitando la ayuda de Cuba en la entrega de detalles de provocaciones previas, acusando recibo de los mismos y agradeciéndole por ello. El 24 de febrero de 1996 tales procedimientos administrativos no habían sido completados, pero más tarde al Sr. Basulto le fue retirada su licencia de piloto por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA) y no puede volar más (al menos legalmente).

Los provocadores habían anunciado descaradamente que iban a continuar realizando vuelos ilegales dentro del espacio aéreo cubano e incluso proclamaron que la isla, que estaba en ese momento sufriendo su peor crisis – peor en términos económicos, que la Gran Depresión, de acuerdo a un informe de Naciones Unidas – no era capaz de responder a sus incursiones ilegales. En enero, el Sr. Basulto llevó con él un equipo de televisión de la NBC desde Miami que filmó y trasmitió como ellos sobrevolaban el centro de la ciudad de la Habana lanzando propaganda y otros materiales. Cuba hizo pública su decisión de no tolerar más tales provocaciones, envió las notificaciones apropiadas a quienes correspondía, incluyendo el Gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado y la FAA, que a su vez advirtió a Basulto y su grupo que debían abstenerse de tales vuelos.

La supuesta “conspiración” fue en si misma un estupidez monumental, incomprensible para cualquier mente racional. La hipótesis era que el gobierno cubano había decidido provocar una guerra total con Estados Unidos, una confrontación militar que obviamente hubiera resultado en un terrible golpe no solo para el gobierno cubano, sino para toda la nación y su pueblo. En cualquier crimen la motivación es siempre un factor clave, una señal decisiva. ¿Cuál podría haber sido la motivación de Cuba para provocar un evento de ese tipo precisamente en ese momento, 1996, el de más riesgo para la supervivencia de nuestro país, sin aliados ni amigos en un mundo y un hemisferio bajo el control total de Estados Unidos?

Cuba hizo exactamente lo contrario. Denunció una y otra vez cada provocación a la FAA y a la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI, la institución vinculada a Naciones Unidas que se encarga de estos asuntos) y envió decenas de notas diplomáticas al Departamento de Estado. Pero Cuba fue más allá. Hizo su mayor esfuerzo para llegar al más alto nivel de la administración norteamericana, la Casa Banca, tratando de prevenir más incidentes.

El número de enero de 1998 de la revista The New Yorker dedicado a Cuba en ocasión de la visita del Papa incluyó un artículo serio en el que se puede encontrar un recuento bastante objetivo de esos esfuerzos de Cuba. (Carl Naguin, Annals of Diplomacy Backfire, The New Yorker, January 26, 1998, http://www.newyorker.com/archive/1998 )

Sí, hubo una conspiración para provocar la tragedia del 24 de febrero de 1996. Pero fue un trabajo total y exclusivo de los mismos grupos de Miami que han desencadenado una campaña terrorista de medio siglo contra Cuba, la misma cuadrilla que más tarde secuestraría a Elián González, un niño de 6 años. Hechos de los cuales ellos siempre han salido impunes.

VII. SUCEDIÓ EN MIAMI
La Corte de Distrito del Sur de la Florida no es un tribunal internacional, ni tampoco un organismo de Naciones Unidas que tenga jurisdicción en asuntos que afecten las relaciones entre países. Tiene un deber muy específico, que es establecer si un determinado acusado es culpable o no de un cargo concreto. Al instruir al jurado en el caso de Gerardo Hernández, la Corte evocó el lenguaje de la acusación del Gobierno:

“El Cargo 3 refiere que el acusado Gerardo Hernández conspiró con otras personas para perpetrar un asesinato, es decir, la muerte sin justificación legal de seres humanos con intención criminal y premeditación en la jurisdicción marítima y territorial especial de los Estados Unidos.” (Trascripción del juicio ante la Honorable Joan A. Lenard, Junio 4, 2001, Págs. 14587 – 14588) La Jueza Lenard señaló que Gerardo: “Puede ser encontrado culpable de ese delito solamente si todos los hechos siguientes son probados más allá de cualquier duda razonable:
Primero. Que las víctimas nombradas en la acusación están muertas. Segundo. Que el acusado causó la muerte de las víctimas con intención criminal.

Tercero. Que el acusado lo hizo con premeditación. Cuarto. Que el asesinato ocurrió dentro de la jurisdicción marítima y territorial especial de los Estados Unidos” (Ídem Págs. 14598 – 14599).
Y amplió más adelante:

“Matar con intención criminal significa matar a otra persona deliberada e intencionalmente… Se requiere adicionalmente matar con premeditación para probar la intención criminal y poder establecer el delito de asesinato en primer grado. La premeditación está típicamente asociada con el asesinato a sangre fría y requiere de un período de tiempo en el cual el acusado delibere o piense acerca del asunto antes de actuar.

Debe haber pasado suficiente tiempo, para que el asesino después de su intento de asesinar, esté completamente conciente de su intención. A ustedes se les ha instruido que el lugar del supuesto asesinato, como se describe en el acta acusatoria, si ustedes fallan más allá de cualquier duda razonable que ese delito ocurrió ahí, sería dentro de la jurisdicción marítima y territorial especial de los Estados Unidos.” (Idem Págs. 14599 – 14600).

Tal crimen nunca ocurrió. Durante siete meses de juicio los fiscales no pudieron presentar ninguna evidencia que implicara a Gerardo en los trágicos sucesos del 24 de febrero de 1996, ni pudieron demostrar, “más allá de una duda razonable”, la localización exacta del incidente – algo que ya los expertos de la OACI no habían podido determinar.

Debe señalarse, sin embargo, que los radares cubanos mostraron claramente que el derribo tuvo lugar bien adentro de nuestro territorio, que los únicos restos fueron hallados muy cerca del Malecón de la Habana y que la guardia costera de Estados Unidos, al no poder encontrar nada en aguas internacionales, solicitó oficialmente el 25 de febrero a través del Departamento de Estado permiso a Cuba para buscar dentro de nuestras aguas territoriales. Los medios locales – los mismos “periodistas” pagados por el gobierno que habían fabricado la acusación en el Cargo 3 – se pusieron nerviosos e incluso anunciaron un inminente fracaso.

Unos días antes, tan pronto como la jueza le dio a conocer a las partes sus instrucciones al jurado, los fiscales hicieron algo que ellos mismos describieron como “un paso sin precedentes de petición” – a la Corte de Apelaciones – “de una orden inhibitoria” porque “a la luz de las pruebas presentadas en este juicio, esto [las instrucciones al jurado] constituye un obstáculo insuperable para Estados Unidos en este caso y probablemente resultará en el fracaso de la acusación en este cargo”.(Petición de Emergencia de una Orden Inhibitoria, Mayo 30, 2001, Págs. 4 y 21).

Después de reconocer de nuevo que la instrucción “impone una barrera insuperable a esta fiscalía” el gobierno solicitó a la Corte de Apelaciones decidir urgentemente: “Que a la corte de distrito se le ordene instruir al jurado que no es necesario que el jurado halle que el acusado Hernández o sus co-conspiradores en el cargo 3 de la acusación acordaran que los asesinatos ocurrieran en la jurisdicción marítima y territorial especial de los Estados Unidos.”

“Que a la corte de distrito se le prohíba dar las pautas de la instrucción al jurado sobre asesinato en primer grado e instruir al jurado que debe hallar que el acusado Hernández conspiró para cometer asesinato premeditado.” (Ídem, Pag. 39).

La Corte de Apelaciones rechazó la petición de emergencia y en consecuencia la jueza de distrito mantuvo sus instrucciones como se citan anteriormente.

Algunos en el equipo de defensa estaban celebrando regocijados una victoria que fue pronosticada incluso por los fiscales.

Pero al jurado le tomó unos pocos minutos, sin hacer ninguna pregunta, hallar a Gerardo culpable de conspiración para cometer asesinato en primer grado en la jurisdicción marítima y territorial especial de los Estados Unidos, un “crimen” que él no cometió y que los fiscales trataron desesperadamente de retirar.

Sucedió en Miami. Si allí es normal secuestrar con impunidad a un niño de seis años, ¿por qué sería difícil condenar a un joven por un “crimen” que no ocurrió?