LA VIOLENCIA DE ESTADO EN MÉXICO
VI Y ÚLTIMA
Carlos Montemayor
El general brigadier retirado Julio César Santiago Díaz fue el mando de mayor jerarquía –dijimos en la entrega anterior– que estuvo en Acteal esa mañana del 22 de diciembre de 1997. Fungía como jefe de asesores de la Coordinación de Seguridad Pública y era director de la Policía Auxiliar en el estado. Carlos Marín dio a conocer las declaraciones ministeriales de este general el 2 de marzo de 1998 en la revista Proceso. El general estuvo acompañado de 40 policías estatales durante tres horas y media, a la entrada de Acteal, mientras a 200 metros, montaña abajo, se cometía la masacre. Entre la una y las cuatro y media de la tarde, según relató ante el Ministerio Público Federal:
“... no se dejaron de escuchar disparos de armas de fuego de distintos calibres como el 22, escopeta, así como ráfagas de AR-15 y AK-47, deseando aclarar que los disparos se oían en intervalos de tres a cinco minutos; es decir, se escuchaban disparos, pasaban de tres a cinco minutos sin que se escucharan, y volvían a escucharse, siendo así todo el tiempo que permaneció el declarante en la entrada a la comunidad de Acteal, sobre la carretera… En esas tres horas y media ninguno de los cuatro comandantes o de los restantes 40 policías estatales que fueron llegando al punto entró al caserío ni se atrevió a bajar la cuesta para averiguar lo que sucedía, debido a que un suboficial le recomendó: ‘Jefe, hágase más para acá porque le pueden dar un tiro’.”
Felipe Vásquez Espinoza, el suboficial que le aconsejó al general ponerse a salvo de una bala perdida cuando se desarrollaba la masacre, era subcomandante de Seguridad Pública. En un momento de su declaración ministerial, a la pregunta de si alguna vez vio a algún habitante de Los Chorros portando armas, contestó:
“Que sí. Que en una ocasión, el día 26 de noviembre hablé con una persona que acompañaba a otra que portaba una arma de las denominadas cuerno de chivo y al preguntarle por qué portaban esas armas me dijo que eran para seguridad. Y al pedir instrucciones a mis superiores, el primer oficial, Absalón Gordillo, me indicó que si era partido verde lo dejara ir; o sea, verde, que es priísta, por lo que lo dejé ir.”
En declaración ministerial posterior enriqueció la historia: admitió que el 26 de noviembre, “por instrucciones superiores”, custodió a un grupo de paramilitares tzotziles que llevaban en costales, en una pick-up, un cargamento de las armas conocidas como cuernos de chivo. La instrucción dice haberla recibido, “sin lugar a dudas, del primer oficial Absalón Gordillo Ruiz, comandante en Majomut”.
En el Libro blanco sobre Acteal que preparó la Procuraduría General de la República (PGR) se registraron como procesados los nombres del general Julio César Santiago Díaz y de Felipe Vásquez Espinoza; el primero, por homicidio y lesiones por omisión; el segundo, por posesión y transporte de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. A ninguno se le menciona como protector de grupos paramilitares ni como autoridades que dieron escolta y protección a paramilitares. El nombre de Absalón Gordillo, en cambio, que autorizaba la protección a los paramilitares, no aparece en los registros.
En enero de 1998, dos semanas después, se efectuó una acción militar significativa para requisar armas. Dos mil soldados se instalaron en 18 campamentos para realizar cateos e interrogatorios y saquearon casas, tiendas y cooperativas. Pero efectuaron la requisa en 15 municipios zapatistas, algunos muy lejanos de Chenalhó. En otras palabras, buscaron armas no entre los agresores, sino entre las víctimas.
Por esos días, el 31 de enero de 1998, en Davos, Suiza, el entonces presidente Ernesto Zedillo afirmó, aludiendo al EZLN, que “no ha habido violencia entre el gobierno y este grupo. Desafortunadamente, ha habido violencia entre este grupo y otros grupos en Chiapas”…
Estas declaraciones no eran resultado de una precipitación ni solamente del cinismo: pretendían interpretar la masacre como un conflicto intercomunitario, un combate entre indios bárbaros.
Estas declaraciones no eran resultado de una precipitación ni solamente del cinismo: pretendían interpretar la masacre como un conflicto intercomunitario, un combate entre indios bárbaros.
La firmeza de los planes militares en la creación, entrenamiento y pertrechamiento de los grupos paramilitares se evidencia con otro hecho. Tres años después, a las cinco de la mañana del 12 de noviembre del año 2000, se efectuó el primer operativo de desarme en Los Chorros, la principal comunidad de los que perpetraron la matanza. Dos centenares de elementos de la PGR, pertenecientes a la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados, se presentaron en esa comunidad. Pero no pudieron contar, como es común en estos operativos, con el factor sorpresa. Fueron repelidos por la población, atacados con armas de fuego y perseguidos hasta Majomut, donde los paramilitares de ese sitio habían puesto un retén exactamente frente a una base militar que presenció con indiferencia, para decir lo menos, las agresiones a los elementos de la PGR. Es decir, el Ejército Mexicano permitió de buen grado que los paramilitares atacaran a elementos del propio Estado mexicano. Esta información no fue difundida. La omite la propia PGR en su boletín número 591/00 del 11 de noviembre de 2000. Hay sólo un pasaje sugerente en la edición del periódico Cuarto Poder del día 13 de noviembre del año 2000, en la página 21, donde se narra lo siguiente:
“A cinco kilómetros antes de Los Chorros, cerca de Majomut, otro grupo indígena bloqueó el camino con piedras, un camión de volteo, una Combi del ayuntamiento y otro vehículo más. Y otra vez hubo forcejeo entre policías y campesinos. No llegaron a ningún arreglo a pesar de que ahí se encontraban funcionarios del ayuntamiento de Chenalhó. Los judiciales abrieron paso por la fuerza, empujando camiones y levantando los obstáculos del camino. En ese tramo, ubicado junto a una base militar, por segunda ocasión, los judiciales hicieron disparos al aire para dispersar a los pobladores. De entre el monte se escuchó que los indígenas respondieron a balazos.”
Es ilustrativo el comportamiento permisivo del Ejército Mexicano con los grupos paramilitares incluso al atacar a policías federales. En este contexto se explica que la policía del estado haya tratado de eliminar los cadáveres de la masacre de Acteal la mañana del 23 de septiembre de 1997 y después, al menos, intentado alterar los hechos. Así se explica la aparente actitud errática de los discursos presidenciales antes y después de la matanza. Así se explica que la policía del estado y el Ejército hayan apoyado, por omisión o acción, a los grupos paramilitares antes, durante y después de la masacre. Así se explica el surgimiento y perseverancia de grupos paramilitares en el Chiapas de ayer y hoy.
Tomado de La Jornada 12 de Noviembre de 2008
