NUEVAMENTE LOS GOBIERNOS ILEGITIMOS Y FACISTAS

DE FELIPE CALDERON Y ULISES RUIZ ORTIZ VIOLAN LOS DERECHOS HUMANOS DE MUJERES Y NIÑOS EN OAXACA.

El autoritarismo que ha caracterizado a los gobiernos ILEGITIMOS de Felipe Calderón y Ulises Ruiz Ortiz se ha agudizado en Oaxaca, el gobierno ha implementado operativos policíacos y parapolicíacos, en contra de integrantes de la APPO, bajo la supuesta lucha del combate al narcotráfico y la delincuencia organizada así como lo demuestran, los siguientes hechos:

El día de hoy, 25 de octubre aproximadamente a las 1 de la mañana con lujo de violencia, sin presentar orden de cateo o denuncia alguna ingresaron al domicilio de Miguel Cabrera 649, colonia centro de la ciudad de Oaxaca, mas de una veintena de elementos de la PFP y de la AFI, destruyendo lo que encontraban a su paso, amenazando con armas de alto poder y golpeando al compañero Luis Ramón González López y a la compañera Isabel a sus hijos y nieto de tan solo 5 años, todos ellos integrantes del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, organización participante en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (CODEP-APPO). Bajo el pretexto de hacer un operativo en contra de la delincuencia organizada violan los derechos humanos de hombres mujeres y niños sin que la Comisión Estatal y Nacional de los Derechos Humanos hagan algo contra esta política de terrorismo de estado.

El CODEP-APPO tiene mas de 25 años, de estar en este espacio, mediante su Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), en busca de una vivienda digna para 17 familias que habitan ahí, en su mayoría madres indígenas que solo cuentan con la protección y orientaciones de la organización para salir y sacar adelante a sus hijos, quienes han nacido y crecido ahí. Algunas somos maestras, otras realizamos trabajos domésticos para sostener a nuestras familias, la PFP y la AFI, acabaron con los pocos bienes materiales que poseemos, y atentaron contra el bienestar y la salud de nuestras pobres familias. Ahora se palpa claramente, que la reforma judicial federal, ha servido al gobierno para endurecer sus acciones contra integrantes de movimientos sociales, al autorizar cateos y allanamientos de magnitudes que caracterizaron a la GESTAPO.

Estos actos de violencia institucional (cateos domiciliarios, persecución, agresión y criminalización de la protesta social, asesinatos, encarcelamientos, desapariciones forzadas, persecuciones políticas) dictados por gobernadores como Ulises Ruiz Ortiz, y que ejecutan los cuerpos represivos a sus ordenes, de manera fascista; pretenden aterrorizar a quienes de manera decidida, conciente y pacíficamente hemos participado en la digna lucha de la APPO desde el 2006, en busca de justicia, democracia, apoyos para poder contar con beneficios sociales, como una vivienda digna; por las transformaciones profundas en nuestro estado que beneficien a las mayorías, por una nueva constitución que contemple el respeto a los derechos y garantías constitucionales de todos los Oaxaqueños y no solo de los ricos empresarios y sus gobiernos títeres.

Estos hechos se enlazan con las recientes ordenes de aprehensión liberadas en contra de varios integrantes de la APPO, a quien se esta inculpando injustamente del asesinato del fotógrafo de INDIMEDIA, BRADLEY ROLAND WILL, cuando todos sabemos por los mismos medios, que fueron gente, paramilitar, pagada por URO quien realizo este artero crimen.

El movimiento popular en lo estatal y nacional esta repuntando, por el cambio de la Dirigencia de la Sección 22 del SNTE-CNTE y por el heroico movimiento popular magisterial que se esta desarrollando en el estado de Morelos.

La alianza entre Felipe Calderón y Ulises Ruiz no detendrá la lucha del pueblo de Oaxaca y de México, es por ello que condenamos el trabajo sucio que esta haciendo en los tribunales de segunda instancia a ciudadanos que pertenecen a la APPO.

Por esta situación llamamos:

1.A que el pueblo en general exija el alto a la persecución de los integrantes del movimiento social en el Estado orquestada por Ulises Ruíz Ortíz en complicidad con la PGR en el Estado de Oaxaca.

2.A los organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos, a que estén alertas, preparados y listos para actuar, pues la escalada represiva, esta sobre los activistas sociales del estado.

3.Al magisterio Oaxaqueño, a que hoy mas que nunca unamos nuestros esfuerzos para exigir la salida de Ulises Ruiz Ortiz del gobierno de Oaxaca, además del castigo a los responsables por los crímenes de lesa humanidad cometidos al pueblo de Oaxaca.

4.Exigimos la libertad inmediata del compañero: Juan Manuel Martínez Moreno encarcelado injustamente, acusado de participar en el asesinato de Brad Will; así como la de los compañeros de CODEDI-Xanica Abraham Ramírez Vásquez, y de Noel y Juventino García Cruz, presos desde el 2005, por defender su cabildo municipal nombrado por usos y costumbres y que URO a toda costa lo convirtió en priista, exigimos también la libertad de todos los que están injustamente detenidos, en las cárceles del estado y del país, desde el arribo del tirano a la gubernatura y de Felipe Calderón a la presidencia del país de manera ilegitima.

5.Llamamos a todos los sectores y organizaciones integrantes de la APPO a fortalecerla, para detener esta nueva ola represiva y continuar nuestra lucha, por las transformaciones profundas de Oaxaca.

6.A construir un plan de acción unitario donde participen todos los sectores sociales, con la finalidad de instalar una Asamblea Constituyente que proponga una constitución plena de beneficios para todos los oaxaqueños.

7.A impulsar con la organización de los pueblos y desde abajo la construcción del Gobierno Popular en beneficio de los pueblos indígenas y los pobres de Oaxaca.

¡ALTO A LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN OAXACA!

¡ALTO A LA PERSECUCION DE ESTADO!

¡FUERA ULISES RUIZ DE OAXACA!

¡LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS, PROCESADOS Y SENTENCIADOS!

POR NUESTROS MUERTOS, DESAPARECIDOS, ENCARCELADOS Y PERSEGUIDOS POLITICOS
NI UN PASO ATRÁS

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE

Oaxaca de Juárez, Oaxaca Ciudad de la Resistencia, a 24 de octubre de 2008.

LA VERDAD DE TLATELOLCO

LA VIOLENCIA DE ESTADO EN MÉXICO

Carlos Montemayor /III

En la violencia de Estado hay espacios oficiales que poseen mecanismos propios y recurrentes. A nivel policial y militar destaca la creación y continuidad de comandos de elite como fuerzas de choque para enfrentar movimientos populares no armados. A nivel procesal, la acción coordinada del Ministerio Público y de los jueces que obvian procedimientos legales para acusar, castigar y resolver de manera expedita e injusta. En la desaparición forzada, la aquiescencia de autoridades políticas, militares, policiales y judiciales a nivel municipal, estatal y federal.

Podemos hablar de la violencia de Estado en movimientos de inconformidad social cuando la procuración e impartición de justicia, y aun la legislación, concurren con la represión policial o militar desde el arresto de líderes y represión indiscriminada, hasta masacres y desapariciones forzadas. Tal violencia puede describirse vía las acciones específicas y propias de cuerpos policiacos, contingentes militares, manipulaciones procesales, sentencias de jueces sin fundamento legal suficiente, o el crimen de Estado que caracteriza de manera central esta violencia: las desapariciones forzadas.

Revisemos algunos casos de esta urdimbre letal en diversos movimientos del México del siglo XX. Primero, los operativos de allanamientos ilegales multitudinarios de pequeños poblados o barrios, con daños y despojos indiscriminados y arrestos colectivos sin sustento legal. He descrito ampliamente estos operativos, con todas sus secuelas, en mi novela Guerra en el paraíso. Son las tácticas militares donde se originaron las desapariciones forzosas y los asesinatos de centenares de campesinos en el estado de Guerrero durante la guerra sucia de los años 70. La guerra sucia en Sudáfrica, Argentina, Uruguay, Chile, Vietnam, Guatemala, en cualquier país, hubiera sido imposible sin estos operativos que en las primeras horas del amanecer ensangrentaron aldeas y barrios enteros.

Este modus operandi continental sigue tomándose en cuenta en México como recurso oportuno. Así ocurrió hace pocos años en una zona rural cercana a la ciudad de México. El 23 de mayo del año 2007, Amnistía Internacional, sección México, encabezada por Liliana Velásquez, presentó el capítulo dedicado a nuestro país de su Informe 2007, donde se señalaba en cuanto al operativo policiaco efectuado el 3 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, que “la policía utilizó gas lacrimógeno y armas de fuego contra miembros de la comunidad y detuvo, durante los días que duró la operación, a 211 personas, muchas de las cuales fueron reiteradamente golpeadas y torturadas mientras se les trasladaba a la prisión”. Apuntó que de las 47 mujeres que fueron detenidas y llevadas a la cárcel, “al menos 26 de ellas denunciaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que fueron objeto de agresión sexual o violación de policías. Al finalizar el año, sólo se habían fincado cargos menores contra uno de los agresores”.

En el mismo mes de la agresión expliqué en estas páginas de La Jornada el procedimiento complejo que se había aplicado esa madrugada del 3 de mayo del año 2006. Gran parte de la eficacia de estos cateos ilegales en las primeras horas del amanecer y en pequeñas aldeas o en pequeños barrios, y sus secuelas de daños derivan de lo inesperado del operativo mismo y de la contundente y visible superioridad de las armas sobre familias inermes. El armamento es intimidatorio desde los retenes que cercan el territorio y bloquean entradas y salidas de la aldea o del barrio; después, en los comandos de elite que penetran en domicilios para acentuar la sorpresa y para evidenciar la superioridad de su fuerza.

Los contingentes militares o policiales penetran en todas las habitaciones de las casas para detectar rápidamente armas, equipos, pertrechos, alimentos, propaganda o dinero. A estos detalles técnicos y tácticos se debe la imposibilidad de distinguir entre el robo, el despojo, la destrucción indiscriminada y lo que esos elementos y sus jefes quisieran que víctimas y analistas llamáramos solamente “inspección”. La secuela de devastación, robo y ultraje es connatural a la inspección y a la aprehensión multitudinaria.

Un mecanismo esencial de tal tipo de operativos deriva de su naturaleza táctica: la imposibilidad de que sea una acción improvisada. Se trata de un operativo que no puede surgir por azar: requiere de planificación anticipada. Segundo, es resultado de una coordinación de varios sectores administrativos y políticos. O sea, precisan de la anuencia, coordinación o disposición de poderes municipales, estatales y federales; de agentes del Ministerio Público Federal, de jueces, de servicios médicos, de fuerzas complementarias y de autoridades carcelarias. Esta coordinación multisectorial tampoco puede ser improvisada inopinadamente.

Un aspecto más deriva de los dos anteriores: no son operativos de alto riesgo militar ni policiaco, pues la sorpresa y la superioridad de armamento, más los estudios previos para su aplicación en las zonas ya vigiladas y analizadas, no suponen una resistencia peligrosa ni real. Son operativos de amedrentamiento y sometimiento inmediato. Pero lo notable de éstos es su alto riesgo político. El mensaje social que operativos así encarnan es de tal magnitud que no pueden aplicarse sin un mandato de las autoridades políticas. Es recurrente en la historia de este tipo de acciones el mecanismo retórico para deslindar a la autoridad política de la autoridad policiaca o militar. Esto explica y torna necesaria una coordinación más: la de los medios informativos. Es muy útil el silencio, la complicidad e incluso la distorsión generada por televisión, radio y prensa escrita. Esta coordinación multisectorial demuestra que se trata de una decisión de Estado y no de la violencia impulsada por una aislada decisión administrativa.

Tomado de La jornada/31-oct-08

REFLEXIONES SOBRE EL SOCIALISMO

EN EL SIGLO XXI

James Petras

A fin de explorar las perspectivas para el socialismo en el siglo XXI, es esencial recuperar algunos de los postulados básicos, en los que se informa sobre el proyecto socialista. Además, es importante recuperar algunos de los avances básicos logrados durante los regímenes socialistas del siglo XXI así como reflexionar de manera crítica sobre la distorsión de sus políticas y políticas fallidas.

En el sentido más amplio es importante recordar que el socialismo supone unas mejores condiciones materiales que bajo el capitalismo. Mayor calidad de vida, libertades políticas más amplias y seguridad interna y externa. Respeto, dignidad y solidaridad solo pueden ser entendidas como acompañantes de estos fines materiales, no como sustitutos. El respeto y la dignidad no pueden ser objetivos a largo plazo, privatización a gran escala, sacrificio y retraso en el cumplimiento de mejoras materiales. Los gobiernos que alegan ser socialistas y que tienen la idea de sacrificar los estándares de vida material en nombre de los abstractos principios de la justicia se parecen más a una orden religiosa de “socialismo espiritual” que a un moderno y dinámico gobierno socialista.

Las transformaciones sociales y el reemplazamiento de los propietarios capitalistas por el estado socialista solo se pueden justificar si el nuevo orden puede mejorar la eficiencia y condiciones laborales y puede responder ante los consumidores de la empresa socialista. Por ejemplo, en algunos sistemas socialistas, bajo el pretexto de una “ofensiva revolucionaria”, el estado intervino y eliminó a miles de pequeñas y medianas empresas de venta al por menor alegando que estaban “eliminando el capitalismo”. El resultado fue desastroso. Se cerraron tiendas, el estado fue incapaz de organizar un número alto de negocios pequeños y la mayoría de los trabajadores se vieron desprovistos de los servicios vitales esenciales.

Los estados socialistas del siglo XX crearon con éxito sistemas de salud, educación y seguridad eficientes al servicio de la mayoría de los trabajadores. La mayoría de los estados socialistas eliminó el control extranjero y la explotación de recursos naturales y en algunos casos se desarrollaron diversas economías industriales. En general el nivel de vida aumentó, el crimen descendió, los empleos, pensiones y bienestar fueron asegurados. Hacia el siglo XX el socialismo se dividió por profundas contradicciones que dieron lugar a serias crisis en el sistema. El centralismo burocrático denegó la libertad en los puestos de trabajo y restringió el debate público y el gobierno popular. El exceso de preocupación con la seguridad por parte de las autoridades públicas bloqueó la innovación, el espíritu empresarial y las iniciativas científicas y populares generando un estancamiento tecnológico y la pasividad de la masa. Los privilegios materiales de la élite de los cargos políticos dieron lugar a profundas desigualdades que socavaron en la conciencia popular sobre los principios socialistas e hicieron crecer los valores capitalistas.

Las desigualdades sociales favorecen al capitalismo; el socialismo profundiza hacia una mayor igualdad. Tanto capitalismo como socialismo dependen de que sus trabajadores sean eficientes, productivos e innovadores, para así aumentar los beneficios y sostener el crecimiento del estado de bienestar.

Lecciones del siglo XX para los socialistas del siglo XXI
Los socialistas del siglo XXI pueden aprender de los éxitos y fracasos del socialismo del siglo XX.

Primero: las políticas deben estar dirigidas hacia la mejora de la vida y las condiciones de trabajo de la gente. Esto se traduce en inversiones masivas en viviendas de calidad bien equipadas, transporte público y conciencia medioambiental y de infraestructura. La solidaridad y las misiones con otros países no deberían tener prioridad a gran escala: las inversiones a largo plazo en la expansión y profundización de mejoras materiales para la principal clase interna es la base del régimen socialista. La solidaridad empieza en el propio hogar.

Segundo: la política debería desarrollarse hacia la diversificación económica haciendo especial hincapié en la industrialización de materias primas, invirtiendo más en industrias que generen productos de calidad para el consumo masivo (ropa, calzado, etc.) y en agricultura, para lograr autosuficiencia de alimentos esenciales. Bajo ninguna condición la economía socialista debería confiarse en un solo producto o fuente de ingresos (azúcar, turismo, petróleo, níquel) el cual está sujeto a una gran variabilidad.

Un gobierno socialista debería financiar la educación, los ingresos y las políticas de infraestructura, que son compatibles con sus altas prioridades económicas, sociales y culturales. Esto implica la educación de agricultores y trabajadores del campo, trabajadores de la construcción cualificados (fontaneros, electricistas, pintores) e ingenieros civiles, transportistas y peritos urbanos y rurales de vivienda pública para descentralizar las megaciudades y sustituir el transporte privado por transporte público. Deberían nombrar un cargo elegido por el pueblo que se encargase del medio ambiente y consejos de consumidores para supervisar la calidad del aire, agua, niveles de ruido y la disponibilidad, calidad y precio de los alimentos.

Frecuentemente los gobiernos socialistas del siglo XX alienaron a sus trabajadores desviando grandes cantidades de ayuda a países extranjeros (¡muchos de estos ni si quiera eran progresistas!). Como resultado, las necesidades locales fueron descuidadas en nombre de la “solidaridad internacional”. La primera prioridad del socialismo del siglo XXI es la “solidaridad en casa”. Los socialistas del siglo XX hicieron hincapié en el bienestar desde arriba –gobierno dador y masas receptoras- desalentando la acción local y fomentando la pasividad. El socialismo del siglo XXI debe promover acciones de clase autónoma para contrarrestar a los privilegiados ministros burgueses “socialistas” que usan su puesto para acumular y proteger su riqueza privada a través del poder público. Las organizaciones populares autónomas pueden denunciar la hipocresía de los ministros ricos que atacan a los trabajadores industriales bien pagados como “privilegiados” mientras se desplazan en su Mercedes conducido por chofer y disfrutan de lujosos apartamentos, segundas y terceras “casas de vacaciones” y que mandan a sus hijos a exclusivos colegios privados del extranjero.

El socialismo busca la igualdad social sobre todo: igualdad de ingresos, escuelas y hospitales; igualdad entre clases y dentro de clases. Sin igualdad social, todo lo dicho sobre diversidad, dignidad y respecto no tiene sentido. Los capitalistas también apoyan la diversidad, siempre y cuando no afecte a sus beneficios y riquezas. Los socialistas apoyan que los ingresos y propiedades se distribuyan equitativamente entre todos los trabajadores, blancos y negros, desde granjeros indios hasta trabajadores urbanos, hombres y mujeres, viejos y jóvenes. No hay dignidad si se es pobre y se está siendo explotado; la dignidad se consigue luchando y alcanzando los objetivos socialistas de igualdad social y el aumento de los estándares de vida.

Tomado de www.Rebelión.org/15-oct-08

ALIANZA EDUCATIVA O MUERTE

Luís Hernández Navarro

Día a día, la rebelión magisterial se extiende a nuevas regiones. Conforme los maestros de base entienden el alcance y el sentido real de la Alianza para la Calidad de la Educación (ACE), su malestar cunde. Ven que lo que está en juego no es la calidad de la educación, sino su futuro como docentes.

Asustados, el gobierno federal, el panismo y la ultraderecha han respondido reviviendo el espíritu del 68 y la guerra fría. Donde hay una genuina expresión de descontento ellos encuentran una conspiración subversiva. Donde hay una demanda laboral argumentada miran una intentona para derrocar a Felipe Calderón.

El dirigente de El Yunque José Guillermo habló por ellos. Sostuvo que los maestros paristas y sus aliados “buscan desestabilizar al gobierno federal; cierran carreteras, toman casetas y oficinas de gobierno, realizan acciones delictivas y violentas, como hemos visto en los medios de comunicación, para que sea necesaria la fuerza de la autoridad y tener la bandera contra la represión”.

Según el presidente de la asociación Mejor Sociedad, Mejor Gobierno, el movimiento de los trabajadores de la educación coincide con la lucha de Andrés Manuel López Obrador. “La estrategia de fondo –asegura– es la misma: que fracase la reforma energética; que fracase la Alianza por la Calidad en la Educación. Los ejecutores son los violentos, los autores intelectuales son los grandes titiriteros del viejo sistema político con miras a una regresión del país por vía democrática.”

Simultáneamente, Juan Manuel Hernández Delgado, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), denunció que los maestros han sumado a su protesta a grupos de choque como el Frente Popular Francisco Villa (FPFV), el Ejército Popular Revolucionario (EPR), simpatizantes comunistas y partidos políticos como el PRD y el PRI, “cuyos intereses radican en la desestabilización de la sociedad morelense”.

Al convertir un conflicto gremial en un asunto de seguridad nacional, el bloque conservador politizó artificialmente el conflicto. A partir de ahora solucionarlo va a tener un costo mucho mayor del que tendría no haberlo aumentado.

El magisterio de Morelos desempeñó un papel muy importante en la fundación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en diciembre de 1979. Su relevancia fue similar a la que tuvieron los profesores de Chiapas y Oaxaca. Sus movilizaciones durante 1980 y 1981 fueron claves en la construcción de una fuerza sindical nacional, independiente y autónoma, claramente diferenciada del charrismo sindical y de los partidos políticos, en el interior del SNTE.

Sin embargo, las protestas no pudieron mantener continuidad. La represión administrativa, la intolerancia sindical de vanguardia revolucionaria y el desgaste terminaron por contener el levantamiento gremial morelense de la década de los 80. La oposición democratizadora no desapareció en la entidad, pero se redujo a grupos magisteriales activos.

El magisterio morelense buscó, a partir de entonces, salidas personales a la crisis. No fueron pocos quienes emigraron a Estados Unidos. Muchos más se dedicaron al pluriempleo. Simultáneamente trabajaban de mentores, vendedores de ropa y productos de belleza y taxistas. El charrismo sindical recuperó el control del sindicato, aunque realmente no pudo echar raíces.

Dos hechos cambiaron esta situación. El primero fue la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estados (ISSSTE), que privatizó las pensiones de los servidores públicos. La medida fue vivida por muchos trabajadores de la educación como un despojo. Al igual que en otros estados, los profesores de Morelos encabezaron la lucha contra la reforma al sistema de jubilación promoviendo amparos.

La iniciativa regional tuvo tanto éxito que hasta muchos de los dirigentes de la sección sindical ligada a Elba Esther Gordillo, que formalmente se oponían a los amparos, recurrieron en secreto a esa medida legal.

El segundo acontecimiento fue el Acuerdo para la Calidad de la Educación (ACE). En lugar de aceptar acríticamente lo que los dirigentes seccionales les decían, los maestros de base estudiaron sus implicaciones. Y encontraron que tenía graves consecuencias para su futuro laboral. Respondieron como lo han hecho una y otra vez los movimientos surgidos de abajo: emplazando a sus representantes a encabezar la lucha en contra, y cuando éstos se negaron a hacerlo los desconocieron.

El gobernador del estado trató de poner a los padres de familia en contra de los maestros. Utilizó asociaciones fantasmas y dirigentes de membrete. El tiro le salió por la culata. Los docentes convocaron a los familiares de sus alumnos y les explicaron las razones de su movimiento. En la mayoría de los casos éstos se solidarizaron con ellos.

En Morelos existe una compleja situación social. En regiones del estado, como el oriente, sobrevive en las comunidades una tradición viva de lucha zapatista y jaramillista. A pesar de los intentos por erradicarla, la labor progresista de las comunidades cristianas de base perdura entre la población. Parte de esa experiencia viva de lucha se expresa hoy en protestas contra la urbanización salvaje que avanza sobre las tierras de los pueblos, en defensa del agua y contra los basureros.

Estos bolsones de resistencia se solidarizaron muy pronto con los maestros paristas. El movimiento les permitió expresar su propio malestar, hasta ese momento localizado. Los distintos descontentos se imbricaron. La respuesta gubernamental y la campaña de satanización en la prensa no hizo sino avivar su indignación.

El bloque conservador enarbola hoy la consigna de “Alianza o muerte”. Anticipa que, de rechazarse en algún estado, sobrevendrá la catástrofe. Tal alarmismo es absurdo. La ACE no es un acuerdo federal. Es una medida que el gobierno federal debe firmar con los gobiernos de los estados. Éstos tienen la posibilidad de no hacerlo. Y si no lo hacen, no pasa nada.

Más le valdría a Felipe Calderón dar un pequeño paso atrás en el proyecto. A no ser, claro, que quiera enrarecer aún más la atmósfera política.

Tomado de La Jornada/martes 21-oct-08

HAITÍ: EN SOLIDARIDAD

CON SUS CINCO LIBERTADES

James Petras

Hoy el agrio test a todos los demócratas de América del Norte y del Sur es el tema de la ocupación militar de Haití, el saqueo económico y la negación de los derechos políticos y humanos básicos de la población haitiana.

En 2004, una fuerza de invasión dirigida por los Estados Unidos derrocó al gobierno elegido democráticamente de Jean Bertrand Aristide y posteriormente promovió y organizó un ejército de ocupación. Esta fuerza militar de la ex colonia ha reprimido reiteradamente con violencia manifestaciones ciudadanas, asaltado violentamente los barrios de los pobres y asesinado, herido y arrestado a haitianos que estaban declarando sus derechos de autodeterminación y el fin de la ocupación extranjera.

Desde que los EE.UU. carga con una mayor responsabilidad por la invasión, la ocupación y los posteriores saqueo y privatización de los servicios públicos fundamentales, tenemos la responsabilidad especial de denunciar claro y alto a las Naciones Unidas (UN) en apoyo de las Cinco Libertades de Haití:

1. Las Naciones Unidas deben poner fin a la presencia militar en Haití de su ejército de ocupación (MINUSTAH), acción contraria a los propios principios de la organización. Haití debe recuperar el derecho a la autodeterminación y la libertad para elegir su propio gobierno.

2. La población haitiana pide el fin del saqueo de su tesoro nacional por parte de bancos oficiales y privados que extraen pagos de un millón de dólares estadounidenses a la semana para deudas ilegítimas contraídas por la corrupción de antiguos regímenes dictatoriales. Los haitianos exigen liberarse de las deudas de la élite ilícita para poder financiar programas básicos que posibiliten la vida del 80% de la población que vive en la pobreza extrema.

3. Todos los países que han sufrido grandes desastres naturales, como los huracanes que han devastado Haití recientemente, tienen derecho a ayuda humanitaria prolongada y a gran escala sin ataduras. Los haitianos exigen el cumplimiento inmediato de la ayuda prometida y su distribución de acuerdo con las necesidades sin que el MINUSTAH la manipule para prolongar su ocupación.


4. El colapso del modelo de libre mercado hoy pone de relieve las desastrosas consecuencias de las políticas del FMI y el Banco Mundial de privatización de los servicios públicos en Haití, donde la «salud y la educación privadas» excluyen con eficacia a la gran mayoría de los haitianos. La población debe recuperar el derecho de poder «renacionalizar» los servicios públicos y todos los sectores económicos estratégicos necesarios para su bienestar.

5. Las libres elecciones significan la vuelta de los líderes políticos derrocados, exiliados y perseguidos y el final de la ocupación militar extranjera y la represión de movimientos anticolonialistas. Las elecciones con fuerzas de ocupación apuntando a las cabezas de los electores y los candidatos no tienen legitimidad. Nosotros, la gente de América del Norte, del Sur y Central, tenemos la responsabilidad de exigir el fin del MINUSTAH y la vuelta de la soberanía nacional a la población haitiana. Sin gobierno no importa lo que reivindique su política y la retórica puede justificar sus credenciales democráticas cuando actúa como gendarme colonial.

Tomado de www.Rebelión.org/07-10-2008